Irisarri busca un pacto con Abeconsa para que no edifique en la plaza de España

La corporación llevará en julio este asunto, Menáncaro y Sartaña a un pleno extraordinario

En su tercer día de mandato al frente del gobierno de Ferrol, el socialista Vicente Irisarri abrió la puerta de su despacho a la negociación para tratar de buscar una salida "razonada" al atolladero legal en el que se encuentran las obras de remodelación de la plaza de España. Una actuación urbanística "irregular", según la Xunta, que requirió la paralización de la obra el pasado mes de febrero al considerar que se estaba incumpliendo la legalidad. Esta medida urgente del nuevo alcalde se contemplaba en el pacto de gobierno suscrito el viernes entre PSdeG e Izquierda Unida.

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En su tercer día de mandato al frente del gobierno de Ferrol, el socialista Vicente Irisarri abrió la puerta de su despacho a la negociación para tratar de buscar una salida "razonada" al atolladero legal en el que se encuentran las obras de remodelación de la plaza de España. Una actuación urbanística "irregular", según la Xunta, que requirió la paralización de la obra el pasado mes de febrero al considerar que se estaba incumpliendo la legalidad. Esta medida urgente del nuevo alcalde se contemplaba en el pacto de gobierno suscrito el viernes entre PSdeG e Izquierda Unida.

Figuraba en el punto décimo del acuerdo de gobierno y era además una de las promesas electorales con más eco de las pasadas municipales: reestablecer la legalidad urbanística en la plaza de España, donde el ejecutivo anterior impulsó la construcción de un edificio de 21 metros de altura con fines privados.

Desde la Consellería de Política Territorial amenazaron en febrero con llevar al gobierno del popular Juan Juncal ante los tribunales por una edificación que, sin embargo, Juncal decidió continuar hasta el fin de su mandato. Para evitar la judicialización del proceso, Irisarri y su socia en el Gobierno local, Yolanda Díaz, de IU, mantuvieron ayer un primer encuentro "de toma de contacto" con Amador de Castro, presidente de la empresa constructora Abeconsa, adjudicataria de las obras, con la determinación de buscar una salida negociada que compense a la empresa por la paralización sin que ello comprometa legal y económicamente al municipio.

Por espacio hora y media, ambos buscaron un principio de acuerdo "en un clima de total cordialidad" y con la "buena disposición" de la empresa para alcanzar un acuerdo que parece dilatarse en el tiempo más de lo previsto sin avanzar en qué términos podría desarrollarse el intercambio. Al término de la reunión, Vicente Irisarri señaló que "el equipo de gobierno tiene las ideas muy claras y no baraja otra posibilidad más que paralizar las obras".

Irisarri y Amador de Castro volverán de reunirse a principios de la próxima semana para retomar el asunto. El Gobierno local anunció ayer la convocatoria de un pleno extraordinario que fijará la primera semana de julio para abordar la problemática de la plaza de España y para revocar, además, los acuerdos que amparan la urbanización de la fraga de Menáncaro y el centro deportivo de Sartaña, dos proyectos aprobados por el ejecutivo anterior y cuestionados, el primero por la Xunta y el segundo por los vecinos del barrio que se oponen al proceso.

Las obras de remodelación de la plaza de España, puerta de entrada a la ciudad naval, se iniciaron en julio del 2002 con la retirada de la estatua de Franco. Seis años y tres ejecutivos después, la plaza continúa en obras y rodeada de controversia por un proyecto que inició un gobierno nacionalista, fue modificado por otro popular y aspira a rematar en los próximos meses uno socialista.

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El proyecto se embrolló legalmente cuando la anterior corporación PP-Independientes por Ferrol inició la construcción de un edificio de cinco alturas en el centro de la plaza. La federación vecinal Roi Xordo denunció la privatización de un espacio público que figuraba con usos viales en el PXOM. La aprobación puntual de un cambio de usos en la plaza de España autorizado por la CPTOPT no es, según el Gobierno gallego, una garantía de la legalidad del proceso.

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