Dudas razonables

Con demasiado esfuerzo y escasa euforia, el Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley del Cine que se tramitará en el Congreso por el procedimiento de urgencia. La buena noticia -y casi única- es que el texto ha conseguido el apoyo de gran parte de los agentes del mercado cinematográfico, sobre todo de los productores, puesto que el texto mantiene, y en algunos casos amplía, las desgravaciones fiscales en el impuesto de sociedades para la producción de películas. El "máximo consenso posible" fue una de las excelencias de la ley en la que más insistió ayer la ministra de Cultura, Carmen Calvo. Co...

Con demasiado esfuerzo y escasa euforia, el Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley del Cine que se tramitará en el Congreso por el procedimiento de urgencia. La buena noticia -y casi única- es que el texto ha conseguido el apoyo de gran parte de los agentes del mercado cinematográfico, sobre todo de los productores, puesto que el texto mantiene, y en algunos casos amplía, las desgravaciones fiscales en el impuesto de sociedades para la producción de películas. El "máximo consenso posible" fue una de las excelencias de la ley en la que más insistió ayer la ministra de Cultura, Carmen Calvo. Conviene recordar la llamativa excepción de los exhibidores cinematográficos, que siguen protestando por el sistema de la cuota de pantalla que privilegia al cine europeo. Para conseguir ese consenso, el Ministerio de Cultura ha tenido que renunciar a que las televisiones aporten más del 5% del porcentaje de sus ingresos anuales brutos a la producción de películas.

El cine español carece ostensiblemente de un mercado y de una industria. O bien los espectadores no consumen cine español en la cuantía suficiente para sostener una industria o bien la producción española no ha sido capaz de ofrecer películas que interesen a los españoles. No es un problema artístico, puesto que las películas españolas, sus directores y sus actores compiten en términos de calidad en Hollywood o en Cannes. Después de lustros de leyes proteccionistas, la cuota de mercado del cine de producción española sigue dependiendo de la enésima secuela de Torrente o de las coproducciones con productoras estadounidenses. Cuando fallan, el número de espectadores simplemente se desploma.

La cuestión pertinente es si este proyecto de ley contribuirá a reforzar la industria de forma que, en un futuro razonable, el cine ya no dependa a vida o muerte de la financiación asistida que proviene de otros negocios. La probabilidad de éxito es muy reducida, porque la eficacia de las políticas principales que sigue el proyecto -la subvención y la cuota de pantalla- ya no dan más de sí y los estímulos adicionales del proyecto, como las exenciones fiscales y las deducciones a las asociaciones de interés económico que inviertan en el mercado cinematográfico, parecen insuficientes para constituir el revulsivo que piden los productores.

Ha llegado el momento de pensar en un modelo distinto de protección. Que garantice un nivel mínimo de producción española, que al mismo tiempo premie a las películas que tengan éxito y que aumente de forma estable la inversión privada en la producción de cine español.