Doctores de pacotilla

Como es bien sabido, el doctorado es el máximo grado académico (excepto en los pocos países donde existe un segundo doctorado) y su importancia radica en que abre las puertas al ejercicio de la docencia universitaria y permite la dirección y aprobación de nuevas tesis. En este artículo, que es continuación de otro anterior (Títulos basura, EL PAÍS, 27/4/07) acerca del millar aproximado de fábricas de títulos universitarios (en inglés, diploma mills) existentes en el mundo, no me voy a referir, obviamente, al impropio tratamiento de doctor que suelen recibir médicos y padres de la...

Como es bien sabido, el doctorado es el máximo grado académico (excepto en los pocos países donde existe un segundo doctorado) y su importancia radica en que abre las puertas al ejercicio de la docencia universitaria y permite la dirección y aprobación de nuevas tesis. En este artículo, que es continuación de otro anterior (Títulos basura, EL PAÍS, 27/4/07) acerca del millar aproximado de fábricas de títulos universitarios (en inglés, diploma mills) existentes en el mundo, no me voy a referir, obviamente, al impropio tratamiento de doctor que suelen recibir médicos y padres de la Iglesia sin ánimo de engañar (pues es una acepción admitida por el DRAE), sino al otorgamiento indebido del diploma de doctor a individuos carentes de méritos para ello.

Durante el último año, diversos medios de comunicación han investigado la más famosa fábrica de doctores, la Pacific Western University (PWU), universidad virtual de titularidad privada con sede en Los Ángeles y campus en Tokio, Hong Kong y Taipeh. Reporteros de la cadena de TV KVOA de Tucson (Arizona) han afirmado que "en su campus de Los Ángeles no hay estudiantes, ni aulas ni profesores. Tan sólo hay una pequeña oficina con dos recepcionistas y un hombre que se presenta como decano". Doctores por la PWU han sido expulsados recientemente de las plantillas de las universidades de Southern Queensland (Australia) y UDLA (México), así como de cargos de confianza del gobierno irlandés. De hecho, la PWU aparece en las listas negras del Estado de Hawai, del US General Accounting Office y de la National Agency for Higher Education de Suecia. Sin embargo, la PWU está habilitada para otorgar títulos académicos por el California Bureau of Private Post-secondary and Vocational Education, que depende del departamento supervisor del consumo (que no de la educación) del Estado de California. Y es que, desde el punto de vista del liberalismo económico, nada tiene de malo que empresarios y políticos adquieran accesorios como corbatas de seda, mancornas o doctorados, a condición de que el proveedor entregue el material (en este caso el diploma, cuyo precio actual es de unos 500 euros) en las condiciones estipuladas. Urge minimizar los daños causados por estos doctores de pacotilla creando un registro mundial de universidades con doctorados homologables y/o una lista negra de universidades truchas (como la de líneas aéreas juzgadas inseguras por la UE).

Por desgracia, el fraude del doctorado no está confinado en este mercado virtual, sino que alcanza también a universidades bien reputadas, incluso públicas. Incurrieron en él, bajo presión política, muchas universidades de los países de Europa del Este antes de 1989, destacando en estas prácticas corruptas la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, que regaló doctorados a buen número de líderes y cuadros de países africanos. La esposa del conducator rumano Nicolae Ceaucescu fue un ejemplo notorio. Elena Ceaucescu, a pesar de ser casi analfabeta según sus compatriotas, se doctoró en ingeniería química y publicó 78 artículos, 35 de ellos en revistas del JCR (el último en 1989, un año antes de ser fusilada), por los que recibió, entre otros honores, la orden de la Jarretera (Garter), una de las mayores condecoraciones británicas.

Aunque con mayor discreción, las universidades occidentales también han otorgado, en ocasiones, el grado de doctor a candidatos incompetentes que se beneficiaron de su afinidad con el director de la tesis o con los miembros de la comisión juzgadora. Podrían garantizarse la calidad y la autoría de las tesis doctorales posponiendo su lectura a la aceptación por revistas del JCR o similares (que cuenten con evaluadores anónimos) de un número mínimo de artículos basados en ellas y sorteando las comisiones juzgadoras entre los especialistas en la materia (no sólo nacionales). Muchos centros españoles ya están aplicando la primera de estas dos medidas profilácticas.

Por lo que respecta a la CV, si continúan proliferando las universidades (cuyo número ha crecido un 75 % durante la última década mientras permanece estancado el número de estudiantes), es de temer que alguna de ellas, acuciada por la necesidad, acabe convertida en ceca de diplomas universitarios.

Miguel A. Goberna es catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Alicante.