Recurso

El malestar del medio millar de familias afectadas por el cambio forzoso de barrio al que se verán obligados sus hijos de 12 años en septiembre, al cambiar de centro para ir al instituto, ha concluido, tras meses de alegaciones y de largas por parte del gabinete del consejero que prometió recibirlos, después de Semana Santa, con la presentación de un recurso de alzada por parte del presidente del AMPA del colegio Explorador Andrés, solicitando "la nulidad de la orden de adscripción publicada el 16 de marzo".

Se trata del primer recurso de este tipo que presenta un ciudadano contra una n...

El malestar del medio millar de familias afectadas por el cambio forzoso de barrio al que se verán obligados sus hijos de 12 años en septiembre, al cambiar de centro para ir al instituto, ha concluido, tras meses de alegaciones y de largas por parte del gabinete del consejero que prometió recibirlos, después de Semana Santa, con la presentación de un recurso de alzada por parte del presidente del AMPA del colegio Explorador Andrés, solicitando "la nulidad de la orden de adscripción publicada el 16 de marzo".

Se trata del primer recurso de este tipo que presenta un ciudadano contra una norma que contradice el preámbulo y el cuerpo del decreto de admisión aprobado ese mismo día por el Consell, en el que se prima "la proximidad al domicilio o centro de origen" a la hora de solicitar plaza para "evitar desplazamientos innecesarios a los alumnos". Al contrario, la orden recurrida modifica la adscripción de 10 colegios a los institutos de su área de influencia en el distrito de Algirós, que abarca desde la avenida Blasco Ibáñez hasta El Cabanyal. De consumarse la contradicción, admitida por la consejería, 2.000 niños se verán forzados a cambiar de barrio y de amigos al pasar a ESO. Lo que "rompe la continuidad pedagógica entre centros", la planificación familiar y discrimina a los niños de la red pública, ya que sus hermanos no puntuarán en la solicitud de plaza al estar escolarizados en zonas escolares distintas. El recurso considera que "es una vulneración de la Constitución".