La gestora revisará una licencia de Olivo en Marbella
La comisión gestora de Marbella quiere aprobar el próximo lunes la revisión de la licencia municipal para la segunda fase del centro comercial La Cañada, propiedad del promotor Tomás Olivo. El permiso fue concedido en 2001, época en la que Julián Muñoz era alcalde, a la Sociedad General de Galería Comerciales SA, propiedad del empresario imputado en el caso Malaya. Las obras, que añadían 70.000 metros cuadrados al centro comercial, sufrieron varias paralizaciones cautelares, pero el empresario dio la orden de reanudarlas por su cuenta y riesgo. La Junta le impuso entonces una multa de 6...
La comisión gestora de Marbella quiere aprobar el próximo lunes la revisión de la licencia municipal para la segunda fase del centro comercial La Cañada, propiedad del promotor Tomás Olivo. El permiso fue concedido en 2001, época en la que Julián Muñoz era alcalde, a la Sociedad General de Galería Comerciales SA, propiedad del empresario imputado en el caso Malaya. Las obras, que añadían 70.000 metros cuadrados al centro comercial, sufrieron varias paralizaciones cautelares, pero el empresario dio la orden de reanudarlas por su cuenta y riesgo. La Junta le impuso entonces una multa de 600.000 euros por materializarlas sin permiso y actualmente esta zona se encuentra abierta al público.
Pero la expansión de este gran centro comercial no termina con la segunda entrega. Olivo prevé edificar una tercera fase en el lugar que ocupan unas naves industriales de su propiedad
y pese a que cuenta con la negativa de la vocalía de Urbanismo, ha alegado que las naves todavía no tienen ninguna sentencia en su contra.
Mientras, el Centro Comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar (Almería) promovido por Olivo cuenta con una sentencia del TSJA que declaró nula la licencia de apertura otorgada por el ayuntamiento, gobernado por el PP. Sin embargo, un juez desestimó en 2006 su cierre por el "inconmensurable coste social" que conllevaría la medida. La superficie del complejo construida (180.000 metros cuadrados) cuadruplica la superficie permitida en el planeamiento (82.400 metros cuadrados).
Además, hace ya 46 meses que General de Galerías Comerciales S A y el consistorio fueron condenados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería a demoler un muro que el primero construyó con el visto bueno del segundo en el terreno trasero colindante con la superficie comercial. Un agricultor de la finca colindante, Francisco Martín Sierra, denunció que las obras del Gran Plaza habían suprimido el vial que separaba ambos terrenos.