"Hay jueces que no creen en el Estatuto"

Convencida de que el nuevo Estatuto andaluz marca "un antes y un después" en la administración de Justicia, María José López (Granada, 1960) quiere empezar ya a desarrollar lo que recoge el texto para su departamento. Anuncia que lo primero serán las competencias de Registros y Notarías. Al Estado le pide más fiscales y confía en que el incremento de recursos para la jurisdicción contenciosa contribuya a eliminar el atasco de casos del que ha alertado el TSJA en su última memoria.

Pregunta. Dicen que el aumento de autogobierno que supone el Estatuto se nota especialmente en la ad...

Convencida de que el nuevo Estatuto andaluz marca "un antes y un después" en la administración de Justicia, María José López (Granada, 1960) quiere empezar ya a desarrollar lo que recoge el texto para su departamento. Anuncia que lo primero serán las competencias de Registros y Notarías. Al Estado le pide más fiscales y confía en que el incremento de recursos para la jurisdicción contenciosa contribuya a eliminar el atasco de casos del que ha alertado el TSJA en su última memoria.

Pregunta. Dicen que el aumento de autogobierno que supone el Estatuto se nota especialmente en la administración de Justicia, ¿en qué?

"En Andalucía faltan fiscales. Hemos crecido mucho, pero tenemos que crecer más"

"El aumento de la violencia escolar es un hecho apreciable, no constatable"

Respuesta. La transformación que hace el Estatuto sobre la administración de Justicia marca un antes y un después. No sólo hablamos de creación de instrumentos, sino de competencias que hace poco eran impensables. Por una parte está el desarrollo de las oficinas de las Notarías y los Registros; las nuevas competencias en registros civiles o de la Justicia de Paz, que va a ser competencia nuestra. Por otro lado, hay una parte del desarrollo estatutario que está vinculada a leyes que tiene que desarrollar el Estado. Es lo que ocurre con los Consejos Territoriales y la Justicia de Proximidad. Y luego habría que hablar del aumento de competencias del TSJA, última instancia en todos los procesos judiciales.

P. ¿Por dónde va a empezar?

R. Por las competencias de Registros y Notarías. Hoy [por el viernes] me he reunido con la directora general de los Registros y del Notariado [Pilar Blanco] para empezar a desarrollar esta competencia. El primer paso será el concurso de registradores y notarios, que ya será resuelto este año por la Junta.

P. ¿Le han trasladado los miembros de la carrera judicial si les gusta esta autonomía?

R. Hay dos posiciones. Unos sí están contentos porque consideran que la Justicia ha mejorado tremendamente desde que hace 10 años la Junta es responsable de esta competencia. Y hay una parte de jueces que no creen en absoluto en el desarrollo del Estatuto. Pero creo que poco a poco irán entendiendo que supone un crecimiento de la administración de Justicia como nunca ha habido.

P. El TSJA alerta en su memoria del "grave retraso" que sufren los juicios de las administraciones públicas. ¿Tiene solución?

R. Claro. No obstante, hay que recordar que esa memoria es del año 2006. Y en ese año ya hemos adoptado medidas en lo que nos compete. Andalucía es la que más órganos ha obtenido para el año 2007 y decidimos que el 60% de ellos fueran para la jurisdicción contenciosa porque habíamos visto que era donde más falta hacía. Además, solicitamos un refuerzo para la Sala del TSJA de Málaga, que está vigente desde enero. Ahora, ¿la jurisdicción contenciosa tiene solución? Sí, hay que cambiar la ley. Por ejemplo, hay que acotar los plazos de resolución de un procedimiento.

P. El TSJA muestra su preocupación por el aumento de la violencia escolar. ¿Tienen cifras?

R. No tenemos más que las que intuimos y las que han llegado a través de la fiscalía o de los juzgados. Es un hecho apreciable, no constatable.

P. El presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Miguel Carmona, ha achacado a la "politización" de la Justicia parte del retraso que sufren los procesos penales. ¿Lo comparte?

R. Creo que es un elemento más. Evidentemente, comporta un alto nivel de conflicto, sobre todo en materia de urbanismo. Se está produciendo un incremento de puestas en conocimiento de temas a la Fiscalía, eso es obvio.

P. ¿Deberían pensárselo más los partidos antes de llevar asuntos a la Fiscalía o están actuando como deben?

R. No sé cuál es la impresión que puedan tener la Fiscalía. Ellos son los que deberían decirnos cuáles son razonables y cuáles no. No me atrevo a valorarlo porque no conozco la cantidad. Pero evidentemente en Andalucía se han producido casos como los de Alhendín o Marbella que han dado fruto.

P. ¿Cómo van las Ciudades de la Justicia? La de Málaga, parece que marcha, pero las demás va retrasadas.

R. No hay atasco. Al contrario. A lo largo de estos tres años lo hemos resuelto. En Jaén ya estamos en fase de proyecto; en Granada, con una fase en obras, otra en proyecto y la tercera en adjudicación; en Almería, estamos construyéndola desde hace un año y va en plazo; la de Córdoba está en fase de entrega de proyecto. En Sevilla ha habido problemas con los terrenos porque son del Estado y antes tiene que entregárselos al Ayuntamiento para luego hacernos cargo nosotros; y en Cádiz presentamos el otro día el proyecto. Nos queda Huelva, donde ni tenemos suelo porque el Ayuntamiento entiende que no es una prioridad. Hemos optado por remodelar un edificio nuestro enfrente de la Audiencia y confío en que tendré allí una maravillosa alcaldesa dentro de mes y medio para la que la administración de Justicia sea prioritaria.

P. La Fiscalía de Medioambiente pide más fiscales para perseguir los delitos urbanísticos. ¿Van a tenerlos?

R. En Andalucía faltan fiscales. Lógicamente, como la Fiscalía General del Estado tomó la decisión de especializar, surgen más necesidades. La competencia de organizar el reparto de plazas es de la Fiscalía y sí que es cierto que Andalucía necesita fiscales.

P. ¿No pueden hacer nada?

R. Hemos solicitado que se incrementen las plazas, pero la competencia es del Ministerio. Hemos crecido mucho, pero necesitamos crecer más.

P. ¿Qué pasó con la ley de Función Pública?

R. Vamos a constituir un comité de expertos a comienzos de mayo. Ese fue mi compromiso. Yo desde el principio dije que mientras no hubiese una ley marco estatal no iba a desarrollar el Estatuto. Afortunadamente, el Ministerio de Administraciones Públicas ya ha aprobado ese documento, que es básico para que las comunidades autónomas podamos actuar. Nos permite reunir a los expertos para que hagan un documento y luego seguir el trámite.

P. ¿Descartan que la tramitación termine esta legislatura?

R. Quiero llegar hasta donde podamos, pero probablemente no nos de tiempo de todo.

P. ¿Cuáles son los siguientes retos en la administración electrónica?

R. Lo que crea más expectativas para la modernización de Andalucía es la modernización de la administración. En estos tres años hemos dado un giro a esa competencia. El Estatuto considera que la administración electrónica es un derecho. Hemos desarrollado todas las plataformas para conseguir tres cosas: que el 75% de los procedimientos se puedan hacer por Internet; que haya un repositorio de documentación de cada ciudadano para que no tenga que aportarla cada vez; y que en el 25% de los procedimientos competencia de la Junta, como el certificado de empadronamiento o el cambio de médico, se garantice la resolución inmediata.

P. ¿Tienen datos de qué aceptación está teniendo por parte de los ciudadanos?

R. Por ejemplo, la de 2006 ha sido la primera oferta de empleo público que se ha podido hacer por Internet y el 20% lo ha hecho así. Es un dato que nos dice que la acogida ha sido muy buena.