Justicia destinará los pisos de la cúpula judicial a "necesidades sociales"

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, anunció ayer en el Parlamento que los cinco pisos oficiales que ocupan ahora altos cargos de la magistratura y la fiscalía se destinarán a cubrir "necesidades sociales", que no precisó. Azkarraga respondió así en el pleno a una pregunta del parlamentario de EA, su propio partido, Juan Porres sobre la decisión del Gobierno de revocar la decisión de adjudicar pisos a altos cargos judiciales desde 1988.

El acuerdo fue adoptado en septiembre pasado y afecta a las viviendas, todas ellas en lugares céntricos, que actualmente ocupan el presidente del...

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, anunció ayer en el Parlamento que los cinco pisos oficiales que ocupan ahora altos cargos de la magistratura y la fiscalía se destinarán a cubrir "necesidades sociales", que no precisó. Azkarraga respondió así en el pleno a una pregunta del parlamentario de EA, su propio partido, Juan Porres sobre la decisión del Gobierno de revocar la decisión de adjudicar pisos a altos cargos judiciales desde 1988.

El acuerdo fue adoptado en septiembre pasado y afecta a las viviendas, todas ellas en lugares céntricos, que actualmente ocupan el presidente del Tribunal Superior, Fernando Ruiz Piñeiro; los presidentes de las audiencias de Álava y Vizcaya y los fiscales jefes del Tribunal Superior y de la Audiencia guipuzcoana.

El consejero recordó que la decisión "no implica el abandono" inmediato de los pisos por quienes actualmente los ocupan, sino que su departamento recuperará las viviendas para el "interés público" cuando sus cinco actuales usuarios terminen sus mandatos.

Azkarraga, quien rechazó el mantenimiento de lo que tildó de "privilegio", consideró "absolutamente insolidario" respecto del esfuerzo económico que tienen que hacer los ciudadanos para comprar sus viviendas "insistir en la reclamación" de los pisos por parte de algunos jueces. Aseguró que de lo único que se arrepiente en este asunto es de no haber tomado antes la decisión y recordó que medidas similares se han adoptado en comunidades como Cataluña, Galicia o Canarias y "nadie ha levantado la voz".