Los municipios de más de 3.000 habitantes deberán tener un 15% de vivienda social
Revitalizar el mercado del alquiler es un viejo proyecto del área de Vivienda del Gobierno catalán al que han dedicado no pocos esfuerzos tanto la actual secretaria de Vivienda, Carme Trilla, como su antecesor en el cargo, Ricard Fernández. El documento que Trilla entregará mañana a CiU dedica no pocos puntos a la política del alquiler. Empieza con medidas generales, como aumentar las ayudas y mejorar la fiscalidad, tanto del inquilino como de los pequeños empresarios que decidan poner sus pisos en el mercado, aunque este punto deberá ser negociado con el Gobierno central, igual que ocurrirá e...
Revitalizar el mercado del alquiler es un viejo proyecto del área de Vivienda del Gobierno catalán al que han dedicado no pocos esfuerzos tanto la actual secretaria de Vivienda, Carme Trilla, como su antecesor en el cargo, Ricard Fernández. El documento que Trilla entregará mañana a CiU dedica no pocos puntos a la política del alquiler. Empieza con medidas generales, como aumentar las ayudas y mejorar la fiscalidad, tanto del inquilino como de los pequeños empresarios que decidan poner sus pisos en el mercado, aunque este punto deberá ser negociado con el Gobierno central, igual que ocurrirá en el caso de las ayudas fiscales a lo inquilinos.
- Viviendas desocupadas. En la misma dirección, el Gobierno catalán establecerá un sistema de avales públicos para el alquiler. El objetivo es conseguir que lleguen al mercado del alquiler hasta 40.000 viviendas que hoy permanecen desocupadas, aunque esta cifra se reduce a la mitad (20.000) para la presente legislatura. Habrá diferentes modalidades de alquiler; entre otras, las viviendas de acogida a corto plazo, las dotaciones de plazo intermedio y otras para estudiantes universitarios.
- Reglamento de solidaridad. El documento describe un futuro "reglamento de solidaridad urbana" que debe servir para paliar las dificultades de amplias capas de la población para acceder a una vivienda digna, si bien no prevé que todo tipo de acceso se haga por la vía de la conversión del ayudado en propietario. Este reglamento establecerá la participación solidaria de los ayuntamientos. Los de más de 3.000 habitantes deberán tener un 15% del parque de viviendas destinado a actividades sociales, si bien el horizonte para llegar a esta situación es el año 2020.
- Sanciones a municipios. Los municipios que tengan dificultades económicas para alcanzar este porcentaje contarán con la ayuda de un fondo de solidaridad que creará la propia Generalitat y que se alimentará de las sanciones que deban abonar los municipios que incumplan la normativa.
- Tanteo y retracto. Una de las vías por las que los municipios podrán hacerse con viviendas para destinar a políticas sociales será la posibilidad de ejercer el tanteo y retracto sobre las operaciones de compraventa. Este derecho será general para todos los ayuntamientos cuyos municipios superen los 20.000 habitantes, pero el Gobierno lo hará extensivo a la totalidad de poblaciones, aunque en las menores se habilitarán zonas específicas en las que se pueda ejercer. Esta habilitación está especialmente pensada para los casos de rehabilitación de barrios.
- Ayudas a 140.000 familias. La política de ayudas deberá alcanzar en los 10 años de vigencia del plan a unas 140.000 familias, si bien sólo se prevé que sean 60.000 las beneficiadas en esta legislatura. Las ayudas previstas son las siguientes: 40.000 para ayudas al alquiler de la primera vivienda (30.000 en la legislatura) y 100.000 para ayudas a la rehabilitación, la compra de la primera vivienda o préstamos para la emancipación. De estas 100.000 ayudas, sólo 30.000 se incluirán en los primeros cuatro años. El Ejecutivo pretende que parte de las ayudas se produzcan gracias a un compromiso de las entidades financieras catalanas de conceder hipotecas de tipo fijo a familias con bajos ingresos.