El fiscal solicita año y medio de cárcel para el alcalde de Camas por sobornar a una edil
El ministerio público acusa de cohecho a Agustín Pavón, tres concejales y un empresario
La fiscalía de Sevilla ha solicitado un año y medio de cárcel, otro tanto de inhabilitación para ejercer cargo público y 24.000 euros de multa para los cinco acusados de intentar sobornar a una concejal del Ayuntamiento de Camas. El fiscal presentó ayer ante el Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla su escrito de acusación contra el alcalde, Agustín Pavón (IU), tres concejales (dos ex ediles del PP y un ex edil adscrito al PA) y un empresario. El ministerio público les acusa de cohecho por pagar 12.000 euros a una concejal para que votara a favor de varios acuerdos plenarios.
La pena solic...
La fiscalía de Sevilla ha solicitado un año y medio de cárcel, otro tanto de inhabilitación para ejercer cargo público y 24.000 euros de multa para los cinco acusados de intentar sobornar a una concejal del Ayuntamiento de Camas. El fiscal presentó ayer ante el Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla su escrito de acusación contra el alcalde, Agustín Pavón (IU), tres concejales (dos ex ediles del PP y un ex edil adscrito al PA) y un empresario. El ministerio público les acusa de cohecho por pagar 12.000 euros a una concejal para que votara a favor de varios acuerdos plenarios.
La pena solicitada por el fiscal del caso Camas, Arcadio Martínez, coincide con la que pide la acusación popular, ejercida por el PSOE y que también se conoció ayer. Ambas acusaciones consideran que el alcalde, Agustín Pavón; el empresario sevillano Eusebio Gaviño; los concejales de Camas Antonio Enrique Fraile (ex del PP) y José del Castillo (ex adscrito al PA) y el edil de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas (ex del PP) son autores de un delito de cohecho por el que deberían ser condenados a un año y seis meses de prisión.
Los dos escritos difieren, sin embargo, en las cuantías de las multas y del periodo de inhabilitación que piden para los cinco acusados. El fiscal solicita que se les inhabilite por el tiempo de la condena, es decir, durante un año y medio, y que se les imponga una multa de 24.000 euros, equivalente al doble de la cantidad que supuestamente entregaron a la concejal (12.000 euros). El PSOE, por su parte, pide que la inhabilitación se extienda durante cinco años y que la multa ascienda a 36.000 euros, el triple de lo que pagaron a la edil.
La acusación particular, ejercida por la concejal supuestamente sobornada y por un ex militante de IU que denunció los hechos, presentó su escrito hace tres semanas y pidió dos años de cárcel, cinco de inhabilitación y 36.000 euros de multa.
El relato de los hechos en los que el fiscal basa su acusación advierte de que los cinco acusados acordaron en 2005 "ofrecer un beneficio económico" a la entonces edil independiente de Camas, Carmen Lobo, para intentar "poner fin a la situación de bloqueo económico" en la que se encontraba el Ayuntamiento "como consecuencia de una serie de vicisitudes políticas". El equipo de gobierno de Pavón estaba en minoría desde que, unos meses antes, Lobo lo abandonara, por lo que, según el fiscal, los cinco acusados urdieron un plan para que la edil "volviese" al gobierno.
La decisión de sobornar a la edil se gestó, según el escrito del ministerio público, "tras algunas reuniones sostenidas por todos los acusados" con Francisco Gordo, un ex militante de IU y amigo de Lobo. El alcalde, los concejales y el empresario decidieron usarle como intermediario "debido a la influencia política que los acusados consideraban que mantenía" Gordo sobre la edil independiente.
Según el fiscal, Gordo puso en conocimiento de Lobo las reuniones que estaba manteniendo y ambos decidieron que "fingirían acceder a sus pretensiones para comprobar hasta dónde estaban dispuestos a llegar" el alcalde, los ediles y el empresario. "Tras algunas reuniones más", según relata el fiscal, el empresario Gaviño se citó con la edil la noche del 12 de septiembre de 2005, una cita que Lobo puso previamente en conocimiento de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Durante su encuentro, "Gaviño le entrega 12.000 euros a cambio de votar favorablemente en unos determinados puntos" relacionados con temas urbanísticos del pleno municipal que se celebraba al día siguiente. Sin embargo, y con la tranquilidad de que la policía ya estaba tras el caso y conocía la reunión de la noche anterior, la concejal votó en contra de los puntos a los que, según el acuerdo con Gaviño, debía haberle dado el visto bueno.
Una vez que las tres acusaciones han presentado sus escritos de calificación, el juez deberá fijar en las próximas semanas la fecha del juicio oral, que se llevará a cabo con jurado popular.