Primum vivere

Resulta sorprendente la escasa atención que, entre nosotros, se ha dado a la reciente publicación por el Instituto Nacional de Estadística de los datos de contabilidad regional de España correspondientes a 2006. Apenas unos comentarios optimistas por parte de las autoridades económicas autonómicas al conocerse el dato, sin duda positivo, de que Galicia ha crecido en términos de producto interior bruto per cápita dos décimas más que la media de la economía española, favoreciendo (con todos los matices que se quiera) la convergencia con el conjunto de España; y confirmando la tendencia que, de a...

Resulta sorprendente la escasa atención que, entre nosotros, se ha dado a la reciente publicación por el Instituto Nacional de Estadística de los datos de contabilidad regional de España correspondientes a 2006. Apenas unos comentarios optimistas por parte de las autoridades económicas autonómicas al conocerse el dato, sin duda positivo, de que Galicia ha crecido en términos de producto interior bruto per cápita dos décimas más que la media de la economía española, favoreciendo (con todos los matices que se quiera) la convergencia con el conjunto de España; y confirmando la tendencia que, de acuerdo con el propio INE, se mantiene desde la anterior legislatura: en el año 2001, el PIB per cápita gallego se situaba en el 77,6% de la media estatal, alcanzando el 81,4% en 2005 y el 82,8% en 2006.

Y resulta sorprendente porque éste es uno de los dos datos más manidos en el debate sobre las reformas estatutarias, y porque incide directamente en la evaluación de las políticas de solidaridad interpersonal en España. El otro dato es el de la renta disponible bruta per cápita. Si la evolución del PIB por persona refleja que, en términos comparativos, la economía gallega produce, por habitante, cada vez más valor en bienes y servicios finales; la renta disponible bruta permite conocer el impacto primario de las políticas de solidaridad del Estado, ya que se calcula restándole al PIB por persona los impuestos que los ciudadanos pagan, y sumándole las transferencias que reciben, por cualquier concepto, de las Administraciones públicas.

Pues bien, de acuerdo con los últimos datos facilitados por el INE, si en 2003 el PIB de cada gallego era el 79,2% de la media española, la renta disponible bruta ascendía al 87,12%. O lo que es lo mismo, las políticas españolas de redistribución de la renta incrementaron en casi 8 puntos porcentuales la capacidad de gasto de cada habitante de Galicia. El mismo año, el PIB por persona catalán era el 120,4% respecto de la media española, y la renta disponible bruta descendía, como consecuencia de esos mismos mecanismos, hasta el 114,24%. La Comunidad de Madrid, la más rica en términos de PIB por persona con su 131,9% sobre la media, descendía, en términos de renta disponible hasta el 120,49%.

Estos datos también permiten observar cuál es la ordenación de las Comunidades Autónomas antes (en términos de PIB por persona) y después (en términos de renta disponible per cápita) de la aplicación de los mecanismos estatales de redistribución de la renta. El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña establece, en su art. 206.5 (recurrido ante el Tribunal Constitucional), que "el Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de las rentas per cápita entre la Comunidades Autónomas antes de la nivelación". En 2003, Cataluña permanece, con ambos criterios, en el cuarto puesto. Galicia, en cambio, sube una posición, de la 14ª en PIB per cápita a la 13ª en renta disponible bruta por persona, al superar a Murcia. El mandato estatutario catalán resultaría neutro en 2003 para Cataluña pero, paradójicamente, su generalización provocaría una reducción de la corriente de renta hacia Galicia en beneficio de Murcia, la región que acostumbra a ser puesta como ejemplo comparativo por el nacionalismo gallego para reivindicar nuestro carácter diferencial.

Los que creemos que el pacto constitucional fue posible, sobre todo, porque fue precedido por los pactos económico-sociales de la Moncloa que impulsaron la equidad en el marco de un sistema fiscal moderno, asistimos, no sin cierta perplejidad, a un debate que, más allá de la solidaridad interterritorial, afecta a la esencia del Estado de Bienestar construido a partir de 1978: el cuestionamiento de la redistribución personal de la renta. ¿Y qué dice sobre ello nuestro Gobierno autonómico? Más aún: ¿puede nuestro Gobierno elaborar un mensaje único en relación con esta cuestión? De los debates estatuyentes es difícil deducir que la respuesta sea positiva. Como en otras cuestiones, resulta más cómodo recrearse con el dato de la evolución favorable del PIB per cápita, que siendo positivo aunque no excepcional, evita el tener que mojarse en un debate que es, por su naturaleza e implicaciones, trascendental para Galicia o, mejor dicho, para todos y cada uno de los gallegos.