Crónica:LA CRÓNICA

RTVV pública por imperativo legal

Fue el ex presidente Eduardo Zaplana quien, a partir del año 2000, se obstinó en privatizar la gestión de porciones de RTVV por periodos quinquenales renovables. La derecha autonómica estaba entonces boyante como nunca y cualquiera de sus iniciativas parecía ungida por la fortuna. Dejar en manos de los particulares los espacios informativos, el suministro de contenidos y la comercialización de la publicidad prolongaba, simplemente, la fórmula desarrollada en otras esferas de la Administración, como la sanidad y el bienestar social. Los partidos de la oposición no estaban para muchas bregas y e...

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Fue el ex presidente Eduardo Zaplana quien, a partir del año 2000, se obstinó en privatizar la gestión de porciones de RTVV por periodos quinquenales renovables. La derecha autonómica estaba entonces boyante como nunca y cualquiera de sus iniciativas parecía ungida por la fortuna. Dejar en manos de los particulares los espacios informativos, el suministro de contenidos y la comercialización de la publicidad prolongaba, simplemente, la fórmula desarrollada en otras esferas de la Administración, como la sanidad y el bienestar social. Los partidos de la oposición no estaban para muchas bregas y el hoy portavoz parlamentario del PP pudo pensar con motivo que nada impediría ceder a terceros de su propio entorno estas parcelas de TVV.

Sin embargo, la criada le salió respondona y tanto el PSPV como EU y las principales centrales sindicales emprendieron una batalla jurídica que ha transitado por distintas instancias hasta llegar al Tribunal Supremo, que ha zanjado la cuestión fallando la nulidad de los concursos convocados. Y lo que nos parece tanto o más importante en orden a un debate siempre latente: no se ha demostrado en este caso, según ha venido a decir el alto tribunal, que la gestión privada sea más eficiente que la pública, en contra del parecer injustificado de los populares. El lunes pasado, Glòria Marcos, la candidata del Compromís pel Canvi a la presidencia de la Generalitat, daba cuenta de la sentencia y de la conclusión del pleito. RTVV seguirá siendo pública y tendrá que asumir las costas del juicio. Apenas un cuartillo más en el proceloso mar de su déficit.

Sería el momento de preguntarnos si con este desenlace se ha terminado con la tentación privatizadora que gravita sobre todas las áreas públicas mientras se prolongue el gobierno del PP, y muy especialmente sobre esta tan sensible que es la TV valenciana, en buena parte cedida ya de hecho a proveedores externos de programas. En realidad, así podría ser, aunque el actual presidente nunca ha explicitado su opinión al respecto, pues es sabido que su fuerte no consiste en sentar doctrina liberal sino en el ejercicio ditirámbico sobre los aciertos de su propia gestión. No obstante, y aun a riesgo de que efectivamente haya explicitado su parecer acerca del futuro del referido medio público, creemos que Francisco Camps dejará ese tinglado de Burjassot tal como es sin aventurarse a otro descalabro legal.

Por otra parte, y a nuestro entender, RTVV no hubiese cambiado un ápice su línea informativa de haberse resuelto en sentido contrario este conflicto. Al margen de repartir el presupuesto del ente entre más beneficiarios afectos a la causa, la información y la coherencia con los principios que la alumbraron a mediados de los 80 hubieran seguido siendo soslayados como desde el primer día con unos y otros gobiernos. Aquí siempre ha primado la función propagandística y, en sentido estricto, hemos asistido -y en ello seguimos- a la privatización del medio por parte del partido gobernante. Aunque parezca mentira, la democracia todavía es la gran ausente en ese organismo financiado por el erario público y no resulta temerario afirmar que en los últimos lustros de gobierno popular se ha acentuado más el desdén por el que debería ser su principal objetivo: superar la desigualdad que hay entre las dos lenguas oficiales del país, lo que conlleva la discriminación del ámbito cultural del valenciano, que alcanza extremos escandalosos en ciertos capítulos, como la cançó, los intelectuales y creadores que se expresan en esta lengua y las formaciones políticas de cuño nacionalista.

Que el mentado ente no se haya cuarteado en estos momentos mediante la cesión a terceros de sus principales cometidos tan sólo es una victoria pírrica si no supone asimismo un compromiso democratizador por parte de quienes lo administren en un futuro, y nos referimos a los partidos y fuerzas sindicales que han rescatado la naturaleza enteramente pública del ente. De nos ser así, ¿qué diferencia hay en que nos manipule un alto dignatario del Gobierno y sus terminales en RTVV, como viene aconteciendo, o un hombre de negocios de su cuerda?

TRAMPAS ELECTORALES

Argelita es un municipio del Alto Mijares, con un centenar de habitantes, que ha visto aumentar súbitamente su censo electoral con 31 nuevos votantes amparados por el PP. No es el único caso denunciado de manipulación censal con reminiscencias galdosianas. Estos episodios delatan la rivalidad con que se encaran las próximas elecciones de mayo. Nos tememos que la Junta Electoral y los juzgados de guardia van a tener trabajo extraordinario. Y al filo de las denuncias será aleccionador seguirle el rastro y señalar a los marrulleros, que en otros tiempos se describían como muñidores. Confiemos en que no lleguen a votar los muertos, aunque bien pudiera ser. Escrúpulos, pocos, como se va viendo.

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