Bruselas dice que las empresas públicas también tienen derecho a lanzar ofertas

La Comisión Europea eludió ayer valorar la entrada de la empresa eléctrica italiana Enel, participada en un 30% por el Estado, en la batalla por la española Endesa y recalcó que son los mercados los que tienen que decidir. El Ejecutivo comunitario defendió, además, que las compañías públicas tienen el mismo derecho a lanzar ofertas que las privadas.

"No tengo ninguna intención de echar más leña al fuego en este tema. No tenemos ningún comentario. Es una cuestión que corresponde puramente a los mercados", dijo el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, al ser pr...

La Comisión Europea eludió ayer valorar la entrada de la empresa eléctrica italiana Enel, participada en un 30% por el Estado, en la batalla por la española Endesa y recalcó que son los mercados los que tienen que decidir. El Ejecutivo comunitario defendió, además, que las compañías públicas tienen el mismo derecho a lanzar ofertas que las privadas.

"No tengo ninguna intención de echar más leña al fuego en este tema. No tenemos ningún comentario. Es una cuestión que corresponde puramente a los mercados", dijo el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, al ser preguntado por la decisión de Enel de comprar un 10% de la eléctrica española.

En todo caso, Todd puntualizó que "las empresas públicas tienen el mismo derecho a lanzar ofertas que las privadas" cuando se le interrogó sobre la opinión del Ejecutivo comunitario de que una empresa propiedad en parte del Estado italiano adquiera participaciones de una compañía privada como Endesa.

La pugna que se vive en España en torno al control de la primera eléctrica española fue calificada por el portavoz comunitario de "continuo frenesí".

El Gobierno español ha mantenido desde hace un año, y en torno a la OPA de E.ON sobre Endesa, un pulso importante con Bruselas.

Las autoridades comunitarias han cuestionado la legalidad tanto de las condiciones impuestas a la OPA alemana por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) como las finalmente aprobadas por el Ejecutivo. Además, Bruselas ha cuestionado la ampliación de poderes que decidió el Gobierno para el órgano regulador del sector energético.