El Gobierno deberá dar prioridad a la asistencia domiciliaria en la futura ley de Servicios Sociales
El Parlamento instó ayer al Ejecutivo a que, en el desarrollo de la futura ley de Servicios Sociales, se dé prioridad a la regulación del servicio de asistencia domiciliaria para personas dependientes y que éste se incluya en su catálogo de servicios. También emplazó al Gobierno a que la citada ley configure los servicios sociales como un sistema universal y de derecho subjetivo, lo que el Ejecutivo ya prevé en el anteproyecto de ley.
La iniciativa salió adelante tras aprobar el pleno de la Cámara una enmienda pactada entre el tripartito y el PSE, grupo que presentó la proposición no de...
El Parlamento instó ayer al Ejecutivo a que, en el desarrollo de la futura ley de Servicios Sociales, se dé prioridad a la regulación del servicio de asistencia domiciliaria para personas dependientes y que éste se incluya en su catálogo de servicios. También emplazó al Gobierno a que la citada ley configure los servicios sociales como un sistema universal y de derecho subjetivo, lo que el Ejecutivo ya prevé en el anteproyecto de ley.
La iniciativa salió adelante tras aprobar el pleno de la Cámara una enmienda pactada entre el tripartito y el PSE, grupo que presentó la proposición no de ley original. Aralar también la apoyó, el PP se abstuvo y EHAK no tomó parte en el debate. La abstención del PP estuvo motivada, según su parlamentaria Esther Martínez, por el hecho de que "no se asumen plazos" para poner en marcha este servicio.
La socialista Mertxe Agundez señaló la necesidad de acabar con la "gran diversidad normativa" sobre los servicios sociales y abogó por "eliminar los desequilibrios territoriales". Recordó que más de 60.000 personas dependientes viven en Euskadi, para las que la atención domiciliaria es un servicio "clave".
Eider Mendoza, del PNV, aseguró que la enmienda de transacción es "de sentido común" y agradeció la disposición de los grupos que la han suscrito. Esther Martínez acusó al PSE de "hacer seguidismo" del tripartito y puso de manifiesto la "inacción del Gobierno" al desarrollar la ley de Servicios Sociales de 1996, lo que demuestra que no quiere solucionar el problema.
Karmele Antxustegi, de EA, abogó porque la nueva regulación "corrija el desequilibrio que hay entre los distintos territorios" y dijo que es "imprescindible mayor financiación y coordinación". Apostó por "dar una respuesta a las necesidades de la sociedad" y al derecho subjetivo que supone la atención domiciliaria. La representante de EB, Kontxi Bilbao, destacó la importancia de esta iniciativa y señaló que la atención domiciliaria es "una pieza clave desde el enfoque comunitario de los servicios sociales", así como "uno de los pilares del sistema público de servicios sociales". Recordó que se está elaborando la nueva ley vasca, que deberá engarzarse con la Ley de Dependencia nacional, por lo que pidió que se dé agilidad a este asunto, antes de reclamar "un gran pacto en el Parlamento por los servicios sociales".
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