Los dos concejales del PP habían concertado el cobro de otros 150.000 euros

Los dos concejales del PP en Gondomar que fueron detenidos el pasado miércoles junto a un arquitecto cuando se disponían a cobrar una comisión de casi 60.000 euros, habían concertado el pago de otros 150.000 euros en dos plazos sucesivos. Así lo acreditan las escuchas telefónicas practicadas por la Guardia Civil, bajo supervisión judicial, desde que el empleado de una constructora presentó denuncia hace cuatro meses. Los ediles habían exigido el pago de la mordida a cambio de incluir convenios para actuaciones urbanísticas en el Plan General del municipio, que entonces estaba tramitándose.
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Los dos concejales del PP en Gondomar que fueron detenidos el pasado miércoles junto a un arquitecto cuando se disponían a cobrar una comisión de casi 60.000 euros, habían concertado el pago de otros 150.000 euros en dos plazos sucesivos. Así lo acreditan las escuchas telefónicas practicadas por la Guardia Civil, bajo supervisión judicial, desde que el empleado de una constructora presentó denuncia hace cuatro meses. Los ediles habían exigido el pago de la mordida a cambio de incluir convenios para actuaciones urbanísticas en el Plan General del municipio, que entonces estaba tramitándose.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y responsable del área de urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, y el concejal de Cultura y portavoz del equipo de gobierno, José Luis Mosquera Veleiro, junto al arquitecto Francisco Javier de Borja Ramilo Méndez, habían sido denunciados por el empleado de una empresa constructora para la que gestionaba suelo y licencias urbanísticas.

La operación se gestó hace meses, cuando una empresa inmobiliaria acudió al Ayuntamiento de Gondomar para proponer un convenio urbanístico que permitiese aumentar la edificabilidad de una parcela adquirida en el municipio. Según fuentes próximas a la investigación, la firma contactó, a través del arquitecto Ramilo Méndez, que actuaba como intermediario, con el concejal de Cultura, Mosquera Veleiro, quien exigió el pago de una comisión que entonces se convino en el equivalente a 45 millones de pesetas para introducir el convenio en el Plan General que estaba en trámite en el municipio. La parcela había sido adquirida por 180.000 euros. El edil Mosquera se comprometía a implica en el manejo al concejal de Urbanismo.

Un empleado de la empresa pidió a sus superiores que le concedieran plenos poderes para negociar la operación y denunciar a los responsables municipales. La denuncia llegó hasta la Fiscalía de Vigo el pasado 27 de noviembre. Al día siguiente, las diligencias se trasladaron al juzgado número 6 de Vigo y se puso en marcha la investigación. A través de intervenciones telefónicas y la constatación de otras pruebas documentales presentadas por el denunciante, la Guardia Civil siguió la pista a los ahora los detenidos. Para no levantar sospechas, el primer pago de sobornos se concertó para el pasado miércoles por la tarde en la cafetería del Hostal Galicia, en pleno centro de Vigo. La jueza Eugenia Manzanares, a petición del fiscal del caso, Juan Carlos Aladro, había firmado previamente las órdenes de detención incomunicada para que la Guardia Civil los arrestase al término de la cita.

Agentes del instituto armado prepararon un dispositivo para controlar la entrega de dinero. La reunión estuvo a punto de frustrarse, según las mismas fuentes, porque Mosquera Veleiro era reacio a acudir en persona. Finalmente accedió y se presentó acompañado de su novia, Belén Fernández. Las fuentes consultadas indicaron que la presencia de la mujer se puede considerar circunstancial ya que, aunque estaba al corriente de los pagos, no intervino directamente en la trama. Después de constatar que los cerca de 60.000 euros que se habían acordado como pago "pasaban a las manos del concejal", según fuentes de la investigación, ambos fueron detenidos. Poco más tarde, Gómez Garrido, el edil de urbanismo, era arrestado en su domicilio, donde se reponía de un catarro y a medianoche fue localizado en su casa el arquitecto.

Los tres, además, habían concertado otras dos entregas de dinero que se iban a realizar en los próximos días, una también de 60.000 euros y otra de 90.000. Los agentes de la Guardia Civil investiga ahora si la denuncia se produce como consecuencia de otros sobornos anteriores que hayan podido exigir los detenidos a la constructora.

Del sumario que se instruye bajo secreto tampoco ha trascendido si el pago de comisiones ilegales era una práctica habitual entre los detenidos y si éstos están en el punto de mira de las otras muchas denuncias que, según la Fiscalía de Pontevedra, se han recibido desde que estallara el caso del vecino ayuntamiento de Nigrán por irregularides urbanísticas.

En un comunicado hecho público ayer por José Ramón Piñol, fiscal portavoz del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se precisa que hasta ahora se han tomado "medidas de investigación y aseguramiento en una instrucción que todavía no está acabada, y que, por tanto, está sujeta a los resultados de otras diligencias que deben practicarse". "En consecuencia, y de conformidad con las garantías previstas en nuestra Constitución, todos los imputados siguen gozando de la presunción de inocencia que ampara a cualquier ciudadano", dice la nota. Los detenidos se encuentran en libertad con cargos, acusados de tres delitos de cohecho.