Archivadas las diligencias judiciales contra el presidente de Canarias al no apreciarse delito

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) comunicó ayer el archivo de las diligencias previas abiertas en una pieza separada del conocido como caso Mogán "por no ser constitutivas de delito" las conversaciones telefónicas mantenidas entre el promotor inmobiliario Santiago Santana Cazorla y el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, además de su consejero de Política Territorial y el director de su gabinete, Domingo Berriel y Salvador Iglesias, respectivamente.

"El contenido de tales conversaciones es completamente ajeno al derec...

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) comunicó ayer el archivo de las diligencias previas abiertas en una pieza separada del conocido como caso Mogán "por no ser constitutivas de delito" las conversaciones telefónicas mantenidas entre el promotor inmobiliario Santiago Santana Cazorla y el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, además de su consejero de Política Territorial y el director de su gabinete, Domingo Berriel y Salvador Iglesias, respectivamente.

"El contenido de tales conversaciones es completamente ajeno al derecho penal, en lo que a la intervención en ellas de las dos personas aforadas se refiere", concluye la magistrada de alto tribunal canario Margarita Varona.

Las transcripciones remitidas al TSJC por el instructor del caso Mogán evidencian que el promotor solicitaba al presidente canario y sus altos cargos "un empujón" al proyecto de levantar 7.500 plazas en el municipio de Mogán (costa suroeste de la isla de Gran Canaria) y que, una y otra vez, se encontraba con que el Gobierno le reducía el número de plazas. Además, las conversaciones revelan distintas discrepancias sobre la oferta complementaria de estas instalaciones. Finalmente, el proyecto de Anfi Tauro llegará a la mesa del Consejo de Gobierno y al Parlamento con menos de un tercio de las pretensiones iniciales, unas 1.750 plazas.

Una vez examinadas las transcripciones de las conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente remitidas al TSJC, la magistrada entiende que "no existe indicio alguno que evidencie que las referidas autoridades hayan podido cometer el delito de tráfico de influencias".

Tampoco queda demostrado que el presidente "haya influido, sugerido o instigado a cualquier otra autoridad o funcionario para que resuelvan el expediente en el sentido pretendido" por Santana Cazorla "ni en ningún otro".

La magistrada recalca que en las conversaciones "queda únicamente puesto de manifiesto el deseo de ambas autoridades de que el asunto quede resuelto antes de que concluya la presente legislatura, aspiración por otra parte legítima tanto para el político gobernante como para el administrado".

La magistrada Margarita Varona advierte que la incoación de diligencias previas sobre cualquier asunto "no significa per se un pronunciamiento de imputación o inculpación a determinada persona" y amonesta seriamente a la Brigada Provincial de Información, Grupo I, de la Jefatura Superior de Policía de Canarias y al Juzgado de Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana porque, aunque se decretó el secreto total de las actuaciones, éste "ha sido vulnerado por quien o quienes han podido tener relación con las referidas actuaciones, como evidencian las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación".

Respecto a la actuación del Juzgado de Instrucción, la magistrada recalca que la apertura de una pieza separada "hubiera debido dar lugar a una investigación judicial, si así se entendía necesaria, y a la práctica de todas aquellas diligencias de investigación que fueran oportunas". En vez de eso, el juez remitió inmediatamente esta pieza sin hacer más averiguaciones ni avanzar si apreciaba indicios de delito cometido por los aforados.

El presidente Adán Martín se felicitó de esta pronta resolución y, en una declaración institucional, defendió que "cabe razonablemente esperar que, bien desde el Juzgado de Instrucción o bien desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se han de ofrecer las explicaciones debidas sobre hechos y filtraciones que dañan gravemente la imagen y el honor de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias y de miembros del Gobierno de Canarias".

El presidente canario recordó que "10 días después del anuncio por el que renunciaba a ser de nuevo candidato a la Presidencia se hizo aflorar a la opinión pública una insostenible e increíble historia", que calificó como "uno de los más graves infundios sobre mi persona en mis 28 años de vida pública". Adán Martín expresó su reconocimiento por la "labor y rigor" del TSJC en la pronta resolución de este caso y añadió: "Este presidente ha sido puesto públicamente bajo el filo de la sospecha, junto al Gobierno de Canarias, dando así un pábulo más a que Canarias, injustamente, apareciese como un vergonzoso nido de corrupción".