Expedientados y apartados del servicio los dos líderes de la manifestación de guardias civiles

La Dirección General de la Guardia Civil abrió ayer expediente por falta muy grave a los dos dirigentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que más se significaron en la manifestación de agentes de uniforme celebrada el día 20 en Madrid. El secretario general del protosindicato, Joan Miquel Perpigná, quien lanzó la soflama final de la protesta, y su responsable de comunicación, Juan Antonio Delgado, conductor del acto, han sido apartados cautelarmente del servicio por tres meses y, en caso de ser sancionados, podrían ser despedidos. Ya se preparan cuatro expedientes má...

La Dirección General de la Guardia Civil abrió ayer expediente por falta muy grave a los dos dirigentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que más se significaron en la manifestación de agentes de uniforme celebrada el día 20 en Madrid. El secretario general del protosindicato, Joan Miquel Perpigná, quien lanzó la soflama final de la protesta, y su responsable de comunicación, Juan Antonio Delgado, conductor del acto, han sido apartados cautelarmente del servicio por tres meses y, en caso de ser sancionados, podrían ser despedidos. Ya se preparan cuatro expedientes más.

La apertura de los expedientes gubernativos por parte del director general del instituto armado y de la policía, Joan Mesquida, era obvia desde el mismo día de la protesta. Ésta había sido convocada para reclamar al Gobierno que cumpliera las promesas electorales del PSOE de aprobar una nueva ley disciplinaria y el estatuto de derechos y deberes de los guardias, que incluyese el derecho al asociacionismo reivindicativo. No obstante, el acto derivó en una reclamación de la desmilitarización del cuerpo, trufada de improperios al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Se esperaba el expediente, pero con el convencimiento de que sería por falta "grave", no "muy grave", como ha sido. Perpigná y Delgado ya han recibido la comunicación de que se les ha abierto expediente por falta muy grave tipificada en el artículo 9.9, que castiga "observar conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la institución que no constituya delito", según reza el vigente Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, cuyo anteproyecto de reforma fue aprobado en enero por el Consejo de Ministros.

Los dos han sido apartados cautelarmente del servicio durante tres meses, en atención "a la gravedad y a la trascendencia pública" de la falta, según fuentes conocedoras del proceso. Estos agravantes se deberían al hecho de que la manifestación de la Plaza Mayor de Madrid se hizo de uniforme y a que se lanzaron insultos contra el presidente del Gobierno. La medida cautelar supone que no trabajarán pero sí cobrarán su nómina, pero sin los complementos de destino o de productividad. Perpigná se encuentra de baja pero Delgado está totalmente en activo.

Otros investigados

Estos expedientes son previsiblemente los primeros, ya que, según las fuentes consultadas, se baraja la apertura de media docena, que recaerían sobre los guardias que subieron al escenario de uniforme y también por falta muy grave. Ya se ha comprobado que de la treintena de aupados en el púlpito había agentes expulsados (por lo que lucir el uniforme puede ser incluso delito), algunos retirados (no podrían ser sancionados) e incluso algunos que lucían trajes distintos de los de su graduación profesional.

Lo que prácticamente está descartado es que se abra expediente a los agentes que estaban a pie de plaza. Las fuentes consultadas han rebajado de 3.000 a 1.200 los asistentes, de los que sólo unos 800 estarían en activo. Igualmente se ha descartado la aplicación del Código Penal Militar (no serán arrestados, ya que el propio Mesquida ha pedido por escrito que no se aplique este castigo) o que los expedientados tengan que comparecer ante un tribunal militar. La Dirección General del instituto armado tendrá que comunicar los hechos a la fiscalía militar, pero ya el tipo de falta muy grave elegido explica que la conducta observada no constituye delito.

El expediente inicia ahora una larga andadura, que casi con total seguridad se verá jalonada de protestas (la AUGC y el Sindicato Unificado de Policía anunciaron respuestas contundentes en caso de que se llegara a esta situación) y negociaciones. Es proceso puede prolongarse durante seis meses, pero se puede llegar a una prórroga.

El Régimen Disciplinario prevé para las faltas muy graves las posibles sanciones de pérdida de escalafón (el castigado baja puestos en las listas de su promoción y escala, lo que merma sus posibilidades de ascenso o traslado), suspensión de empleo (de hasta un año) o separación del servicio (en la práctica, el despido). Esta última medida sólo puede ser impuesta por el ministro de Defensa, previo informe del de Interior. Pero también cabe que se adopte la decisión de archivar el expediente o que, ante el chaparrón de críticas, se llegue a una solución negociada, con sanción.

Confidencialidad

La Dirección General de la Guardia Civil y la Policía, cargo ocupado por Joan Mesquida, declinó ayer hace cualquier tipo de comentario oficial sobre la apertura de los expedientes, dada la "confidencialidad habitual" de este tipo de actuaciones gubernativas. Sí precisaron, no obstante, que un expediente no supone directamente una sanción, sino sólo una investigación "con todas las garantías y con abogado por ser muy grave". La AUGC, por su lado, se reserva su reacción para hoy, día en que celebran en Madrid una asamblea general extraordinaria.

Perpigná y Delgado prácticamente estaban seguros de que ellos iban a ser el primer objetivo de los expedientes. Delgado fue quien dio la palabra a los distintos oradores de la manifestación, entre los que se encontraban en filósofo Fernando Savater, el líder de CC OO, José María Fidalgo, o el presidente de la Asociación Unificada de Militares españoles (AUME), el brigada Jorge Bravo, recluido desde el jueves en una prisión militar.

La AUGC había solicitado a la Delegación del Gobierno en Madrid permiso para manifestarse, que le fue concedido. Pero en la comunicación no se decía que los asistentes iban a acudir de uniforme. De haber sido así, la Delegación habría aplicado el precepto que limita el derecho de reunión de los militares y les impide este tipo de actos de uniforme fuera de sus acuartelamientos.