Los socios del PP en Baleares reclaman la dimisión del consejero de Interior
Unió Mallorquina exige la destitución de José María Rodríguez por el 'caso Andratx'
El Partido Popular sufrió ayer el castigo de sus socios de Unió Mallorquina (UM), grupo nacionalista liberal con el que tiene un pacto de legislatura y apoyo mutuo. UM se alió con todos los grupos políticos de izquierda en el Consell de Mallorca para solicitar la dimisión del consejero de Interior de Baleares, José María Rodríguez, del PP, que avisó presuntamente al entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, de que iba a ser detenido. Rodríguez también está acusado por la portavoz de UM en Andratx de un delito de coacciones y amenazas.
En el acuerdo del Consell se solicita al preside...
El Partido Popular sufrió ayer el castigo de sus socios de Unió Mallorquina (UM), grupo nacionalista liberal con el que tiene un pacto de legislatura y apoyo mutuo. UM se alió con todos los grupos políticos de izquierda en el Consell de Mallorca para solicitar la dimisión del consejero de Interior de Baleares, José María Rodríguez, del PP, que avisó presuntamente al entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, de que iba a ser detenido. Rodríguez también está acusado por la portavoz de UM en Andratx de un delito de coacciones y amenazas.
En el acuerdo del Consell se solicita al presidente balear, Jaume Matas, del PP, que "dé explicaciones públicas sobre su implicación" en el escándalo de supuesta corrupción por el que fueron detenidos, el pasado 27 de noviembre de 2006, el ex edil Hidalgo, el funcionario de Andratx Jaume Gibert y el que era director general del Gobierno balear de Ordenación del Territorio, Jaume Massot.
El PP consideró que la postura de sus aliados de sumarse en esta cuestión a la posición de ataque de las minorías de oposición, PSOE, PSM e IU-Verds, suponía "una agresión" y "una postura radical", que incumplía el pacto de gobierno de centro derecha en Baleares.
UM tiene tres consejeros de los 33 del Consell, ejerce la presidencia ejecutiva y el control hegemónico de la institución insular con el respaldo del PP, con 15 votos, que renuncia a la gestión en todas las áreas, excepto en Deportes y Asistencia Social que domina sin interferencias mediante un instituto autónomo. En el Parlamento balear, el PP goza de mayoría absoluta pero Matas amplió en 2003 la vigencia del pacto con UM a todos los proyectos gubernamentales e iniciativas legislativas.
El portavoz del PP en el Consell, Eduardo Puche, recalcó que el consejero de Interior, José María Rodríguez, en sus contactos y conversaciones con el que era alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, obraba como secretario general del PP y no como miembro del Gobierno. Antoni Alemany, del PSOE, le replicó que "no confundiera a la sociedad" porque la reunión de Rodríguez con Hidalgo y el presidente Matas se celebró en la sede oficial de la presidencia del Gobierno 48 horas antes de la detención del ex regidor. El socialista tildó de "poco clara" la actitud del consejero.
"Han asociado el nombre de Mallorca con la corrupción" reprochó al PP y al Gobierno balear el consejero nacionalista del PSM, Antoni Alorda, que fue el impulsor de la moción conjunta de la izquierda sobre el caso Andratx. La divergencia concreta en este punto por parte de UM de sus socios del PP -en un voto que no se detalló en el pleno- no tiene más que efectos simbólicos. La alianza PP-UM sigue en pie.
Por otra parte, el consejero del Territorio del Consell de Mallorca, Tomeu Vicens, de UM, denunció las contradicciones del PP sobre la gestión del urbanismo de Andratx. El ayuntamiento, que reclamó en pleno al Consell en una manifestación pública la protección de la zona de Cala Blanca, apenas sin urbanizar, tramitó después el cobro de una licencia de obra mayor, de 146.288 euros, para la construcción de un hotel de cinco estrellas y 294 plazas en esa zona. El grupo ecologista GOB impugnó el Plan Territorial de Mallorca por calificar de urbanos estos terrenos.
El proyecto de hotel tiene el aval de la Consejería de Turismo desde junio de 2006. El trámite del cobro de la tasa de la licencia por el Ayuntamiento se produjo el 29 de diciembre, en plena situación de provisionalidad del consistorio y de su área de Urbanismo por las detenciones del ex alcalde y el funcionario de obras y la imputación de altos cargos del departamento.
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