El alcalde de Boadilla declara como imputado por un delito ambiental

El alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, del PP, declaró ayer como imputado por su presunto delito ecológico en el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles. El PSOE denunció en 2004 la grave contaminación provocada por vertidos incontrolados que sufrían los arroyos de los Pastores, de la Vega, de los Majuelos y de Prado Espino. El juzgado archivó la denuncia, pero la Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación del PSOE y ha ordenado reabrir el caso.

Fuentes municipales indicaron ayer que durante el interrogatorio la acusación sólo se interesó por el estado del arr...

El alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, del PP, declaró ayer como imputado por su presunto delito ecológico en el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles. El PSOE denunció en 2004 la grave contaminación provocada por vertidos incontrolados que sufrían los arroyos de los Pastores, de la Vega, de los Majuelos y de Prado Espino. El juzgado archivó la denuncia, pero la Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación del PSOE y ha ordenado reabrir el caso.

Fuentes municipales indicaron ayer que durante el interrogatorio la acusación sólo se interesó por el estado del arroyo de los Pastores, "ya que los otros tres denunciados no tienen ningún vertido". González explicó al juez que durante las obras de la M-50, llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento, se rompió una canalización. El Ayuntamiento asegura que pidió en dos ocasiones al ministerio y a la concesionaria de las obras que subsanaran el problema. "El ministerio no hizo nada e incluso ha puesto trabas de todo tipo al Canal de Isabel II cuando comenzó la reparación", afirman. El arreglo está a punto de concluir.

Depuradora

El portavoz del PSOE, Enrique Hernández, discrepa y sostiene que el problema de los vertidos reside en que falta por construir la depuradora de la zona oeste del municipio. "Hace cuatro años se aprobó la construcción de una instalación depuradora para los nuevos desarrollos urbanísticos. También se utilizaría para los vertidos de urbanizaciones históricas del municipio", relata. Las instalaciones no se pudieron llevar a cabo porque se había elegido para su ubicación el Parque Regional del Guadarrama, y la ley lo prohíbe.

Hernández comenta que el Ayuntamiento ha firmado un nuevo convenio con la Comunidad para edificar la planta, que financiarán los promotores de las urbanizaciones. El problema, para el portavoz del PSOE, es que todavía está sin construir y los vertidos prosiguen.