El sector público empresarial
La Xunta de Galicia cuenta con un entramado empresarial de alto calado y de elevada dimensión que no responde ni a sus objetivos ni a sus finalidades. Esta situación le lleva a mostrar todas sus contradicciones e incoherencias. Por coherencia, la OCDE define un estado de compatibilidad general de diferentes políticas, pero lo relevante es que los objetivos no deben estar en contradicción ni con las estrategias ni con los mecanismos de acción, ni tampoco con las intenciones y las razones sobre las que reposan las acciones. Analizar el cometido del sector empresarial público gallego es obligado ...
La Xunta de Galicia cuenta con un entramado empresarial de alto calado y de elevada dimensión que no responde ni a sus objetivos ni a sus finalidades. Esta situación le lleva a mostrar todas sus contradicciones e incoherencias. Por coherencia, la OCDE define un estado de compatibilidad general de diferentes políticas, pero lo relevante es que los objetivos no deben estar en contradicción ni con las estrategias ni con los mecanismos de acción, ni tampoco con las intenciones y las razones sobre las que reposan las acciones. Analizar el cometido del sector empresarial público gallego es obligado para valorar la coherencia de ciertas políticas llevadas a cabo.
En 2006 el total de empresas que controla y dependen de la Xunta asciende a más de un centenar, cuando diez años antes sumaba 22 y en 1999 la cuenta ascendía a 28. Las hay de todo tipo: organismos autónomos, entes públicos, fundaciones, sociedades mercantiles públicas y sociedades mercantiles participadas. Esta pléyade, desordenada y desajustada con la realidad estructural de Galicia, es la prueba de unas políticas emprendidas por la Xunta que apenas tuvieron orientación empresarial. O dicho de otra forma, da la impresión de que la racionalización no se tuvo en cuenta, ni estuvo entre las primeras prioridades de la política económica aplicada.
Dos apuntes sobresalen de manera inmediata: en primer lugar, estamos en una economía con un PIB per capita por debajo de la media española y, casualmente, es donde más proliferan las empresas públicas; y en segundo término, en una economía con menor productividad que la española, es donde las subvenciones, ayudas e incentivos a las empresas y colectivos y asociaciones son mayores.
Estas dos conclusiones son la base para que expertos internacionales de la talla de Fratessi, Rodríguez-Pose o Patrakos, demuestren que es preciso revisar las ayudas y participaciones públicas en las economías protegidas porque es dudosa la eficiencia de dichas actuaciones con los objetivos de convergencia. Aunque la Conselleria de Economía e Facenda insista en que es preciso afrontar un urgente plan de reestructuración para reducir el número de empresas y hacerlas más ágiles y transparentes, previamente se debería llevar a cabo una evaluación de la gestión de las mismas como paso previo a las dinámicas de ajuste para la mayor eficiencia en la gestión.
Un paseo por las empresas públicas gallegas nos señala que algunas de ellas fueron creadas -y todavía están en funcionamiento- con el objetivo de desviar endeudamiento del Presupuesto y de esta manera eludir límites normativos a los que está circunscrita. Pero lo que ahora emerge es la falta de criterios en torno a tres rasgos: "la unidad institucional", o sea, capacidad de decisión y quién adopta los criterios; "el concepto de lo público" (quién ejerce el control y a quién se rinde cuentas); y "orientación a cubrir objetivos" (bien sea a la búsqueda de un concepto de redistribución de renta o de riqueza en los supuestos de empresas no orientadas al mercado, o para conseguir buenos ratios de ventas y de gestión de explotación).
En consecuencia, sería normal que la Xunta de Galicia impusiera un catálogo de niveles de coherencia en sus políticas; que se ampliaran los mecanismos de intervención y que éstos se aplicaran a las empresas públicas empresariales. Además, dicho catálogo debiera contar con una reforma que permitiera mostrar una disciplina financiera para evitar desajustes y una aplicación armoniosa para alcanzar los objetivos prefijados. Finalmente, una efectiva corresponsabilidad fiscal, tras someterse las subvenciones y las ayudas a las empresas públicas a la aprobación prevista de los órganos de defensa de la competencia e imponer reestructuraciones normativas mucho más rígidas, tanto en lo que concierne a la capacidad de endeudarse, tanto a las posibilidades de crear empresas públicas.
Estos mecanismos de control hubieran evitado situaciones como las procedentes de la Ciudad de la Cultura, y otras muchas que están en la mente de empresarios, sindicatos y políticos.