Pésima gestión
La comparecencia ayer de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ante el Congreso para explicar el catastrófico episodio de Air Madrid confirmó la pésima gestión empresarial de la compañía, cuyos directivos son responsables de retrasos sistemáticos en los vuelos, organización caótica, seguridad irrisoria y maltrato evidente a los viajeros, muchos de ellos inmigrantes que, tras años de trabajo, habían logrado el dinero para volver a su país en fechas tan señaladas como la Navidad. Tan evidente como que dejaron perdidas en los aeropuertos españoles y latinoamericanos a decenas de miles de per...
La comparecencia ayer de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ante el Congreso para explicar el catastrófico episodio de Air Madrid confirmó la pésima gestión empresarial de la compañía, cuyos directivos son responsables de retrasos sistemáticos en los vuelos, organización caótica, seguridad irrisoria y maltrato evidente a los viajeros, muchos de ellos inmigrantes que, tras años de trabajo, habían logrado el dinero para volver a su país en fechas tan señaladas como la Navidad. Tan evidente como que dejaron perdidas en los aeropuertos españoles y latinoamericanos a decenas de miles de personas. La ministra aportó una explicación de las inspecciones realizadas desde el pasado mayo -cinco, contando la admonición del 11 de diciembre previa a la espantada de la aerolínea- que se caracterizan precisamente porque cada una de ellas detecta un empeoramiento notable de las condiciones de navegabilidad. Tal como se expresó Álvarez, era preferible "dejar a los pasajeros en los aeropuertos" para evitar un "accidente que fuera evitable", así que se amenazó con una retirada del certificado de vuelo, que Air Madrid atajó con un insólito cierre de actividad.
Sería comprensible que los afectados aunasen sus esfuerzos para reclamar a los gestores de la aerolínea, mediante alguna querella o acción conjunta, los daños y perjuicios que se les han causado. La referencia de esta primera y directa responsabilidad no debe perderse de vista, por más que exista en España inveterada costumbre de mirar siempre hacia el Gobierno cuando vienen mal dadas. En este sentido, destaca la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al juez Juan del Olmo para que investigue si hubo fraude masivo en la venta de billetes para vuelos que nunca se iban a realizar, atendiendo así una denuncia presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Existen dudas razonables sobre la actuación del Ministerio de Fomento en este asunto, que la comparecencia de la ministra no resolvió por completo. No queda claro por qué se dejó gangrenar una gestión tan deplorable como la de Air Madrid, sufrida por los viajeros, refrendada por las inspecciones y recogida casi a diario por los medios de comunicación. El ciudadano puede sacar de forma legítima la conclusión de que Fomento carece de recursos para corregir una situación semejante sin que pueda evitarse el atropello de miles de clientes. De ser así, el Gobierno debe perfeccionar los mecanismos de control de la seguridad y buen servicio en las líneas aéreas. Y si la crisis es inevitable -la época prenavideña multiplica los efectos del escándalo-, es necesario organizar de manera eficiente los medios de transporte alternativos para los afectados. Muchos lo habrían agradecido.