El Gobierno protestará ante el Poder Judicial por las declaraciones de un vocal sobre la huelga de Justicia
El Gobierno va a elevar una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las declaraciones que la pasada semana hizo su vocal Juan Pablo González, designado a propuesta del PP y uno de los dos para Euskadi, en las que vinculó la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia con "el temperamento inflexible y proclive a la confrontación" del consejero, Joseba Azkarraga.
González añadió que iba a pedir a la Inspección del órgano de gobierno de los jueces que elabore un informe sobre los efectos de la huelga indefinida en los órganos judiciales vascos, qu...
El Gobierno va a elevar una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las declaraciones que la pasada semana hizo su vocal Juan Pablo González, designado a propuesta del PP y uno de los dos para Euskadi, en las que vinculó la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia con "el temperamento inflexible y proclive a la confrontación" del consejero, Joseba Azkarraga.
González añadió que iba a pedir a la Inspección del órgano de gobierno de los jueces que elabore un informe sobre los efectos de la huelga indefinida en los órganos judiciales vascos, que comenzó el pasado 24 de octubre.
El Ejecutivo estima estas palabras una "injerencia" en un materia que no le compete al vocal, razón por la que protestará al CGPJ. La portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, señaló tras la reunión del Consejo que el vocal ha vulnerado "el principio de separación de poderes, tantas veces invocado por él", informa Vasco Press.
Azkarate tildó además de "falsas" las acusaciones de algunos responsables sindicales de que el departamento no muestra voluntad de negociar e instó a las centrales a hacer un verdadero "esfuerzo" de negociación.
El Consejo Vasco de la Abogacía apremió ayer tanto a los funcionarios judiciales como a la consejería a que "intensifiquen sus acciones para alcanzar una solución al conflicto laboral", para evitar los "graves perjuicios" que causan a los usuarios las suspensiones de vistas y los retrasos en la tramitación de los procedimientos. El órgano de representación de los letrados propuso en una nota que ambas partes "sometan sus divergencias a laudo de obligado cumplimiento".
El decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, Nazario Oleaga, consideró ayer que debería ser el propio Consejo Vasco de la Abogacía el que ejerciese un arbitraje entre el Gobierno y los sindicatos si no se soluciona el conflicto. Las centrales rechazaron ayer mismo esta posibilidad con el argumento de que el Colegio "no sería del todo imparcial".