Los Mossos d'Esquadra desalojan dos fincas 'okupadas' sin que se produzcan incidentes

Pese a la polémica suscitada por la okupación de cinco naves del recinto de Can Ricart, en el Poblenou de Barcelona, los Mossos d'Esquadra mantienen su ritmo habitual de desalojos. En la última semana, la policía autonómica ha desalojado dos inmuebles ocupados de forma ilegal: un centro social situado en la localidad de Terrassa y un piso tapiado de Barcelona, propiedad de Núñez y Navarro, donde dos individuos habían accedido por la fuerza. En ninguno de los dos casos se registraron incidentes, tal y como suele ocurrir en este tipo de actuaciones.

Desde su nombramiento como nuevo...

Pese a la polémica suscitada por la okupación de cinco naves del recinto de Can Ricart, en el Poblenou de Barcelona, los Mossos d'Esquadra mantienen su ritmo habitual de desalojos. En la última semana, la policía autonómica ha desalojado dos inmuebles ocupados de forma ilegal: un centro social situado en la localidad de Terrassa y un piso tapiado de Barcelona, propiedad de Núñez y Navarro, donde dos individuos habían accedido por la fuerza. En ninguno de los dos casos se registraron incidentes, tal y como suele ocurrir en este tipo de actuaciones.

Desde su nombramiento como nuevo consejero de Interior, el ecosocialista Joan Saura ha tenido que hacer frente a dos episodios complejos en torno al fenómeno okupa. El caso que más ampollas levantó fue la ocupación, hoy hace once días, del antiguo recinto fabril de Can Ricart por parte de un grupo de artistas callejeros procedentes de La Makabra, un centro social de Poblenou que había sido desalojado.

Desde diversos sectores se criticó entonces la "pasividad policial", ya que no se había impedido el acceso de los okupas al recinto. Los Mossos d'Esquadra se defendieron alegando que en Can Ricart se celebraba una jornada de puertas abiertas autorizada por el propietario, y que los vecinos que se encontraban en el interior "invitaron" a los jóvenes a entrar.

El segundo episodio se produjo el pasado 30 de noviembre, cuando los mossos decidieron aplazar el desalojo del centro social La Lokeria, en L'Hospitalet de Llobregat. La policía explicó entonces que, dado que la orden judicial no indicaba una fecha concreta, el desalojo se efectuaría cuando se dieran las "condiciones oportunas".

Pero la mayoría de los desalojos se producen sin más complicaciones y sin que apenas trasciendan a la opinión pública. Es el caso del que la policía autonómica efectuó ayer por la mañana en el edificio de la imprenta de El Ventaiol, situado en los números 9 y 10 de la plaza Mossèn Jacint Verdaguer, en Terrassa.

La intervención conjunta entre mossos y agentes de la policía local se produjo a las 6.30 horas, cuando no había nadie en el interior del inmueble. Una hora y media más tarde, un grupo de okupas llegó al edificio para recoger sus pertenencias personales. El secretario judicial entregó el edificio al propietario, Santi Martínez, que se mostró satisfecho pero lamentó que no queden recuerdos de sus familiares ya que, según él, las personas instaladas en el inmueble "los han destrozado".

Los jóvenes okupas, que utilizaban el espacio para realizar talleres y otras actividades, denunciaron que ni el propietario ni el Ayuntamiento de Terrassa se habían hecho cargo del inmueble, cuya fachada está catalogada como patrimonio arquitectónico municipal.

El otro desalojo se produjo el pasado lunes 4 de diciembre en un piso de la calle Farigola, en el distrito de Gràcia de Barcelona. Por la mañana, un individuo trepó por el balcón y accedió al interior de la vivienda después de romper unos tochos, ya que las ventanas del piso estaban tapiadas. Después, una segunda persona entró en el inmueble, según los Mossos.

Los vecinos alertaron enseguida a los Mossos d'Esquadra y un representante de la promotora Núñez y Navarro, propietaria del edificio, se personó en el lugar a los pocos minutos. El desalojo fue inmediato. Los dos individuos fueron detenidos y, poco después, quedaron en libertad. La policía justificó la rápida actuación, a diferencia de lo ocurrido en Can Ricart: "Entrar de esa forma supone un delito flagrante, y eso nos permite actuar sin necesidad de que un juez nos autorice", explicó un portavoz.