La Fiscalía respalda las escuchas que destaparon la red de bajas fraudulentas

La Fiscalía rechazó ayer en la Audiencia de Cádiz que las escuchas telefónicas que permitieron iniciar la operación Karlos contra el fraude a la Seguridad Social sean anuladas. Las defensas detectan irregularidades que, a su entender, podrían llevar al sobreseimiento del caso. La operación Karlos persigue una trama dedicada, presuntamente, a conceder pensiones de invalidez ilegales basadas en informes médicos falsos por los que se llegaban a pagar entre 9.000 y 24.000 euros. Las escuchas telefónicas que permitieron destapar esta red se efectuaron durante la operación Halcón, un caso de factura...

La Fiscalía rechazó ayer en la Audiencia de Cádiz que las escuchas telefónicas que permitieron iniciar la operación Karlos contra el fraude a la Seguridad Social sean anuladas. Las defensas detectan irregularidades que, a su entender, podrían llevar al sobreseimiento del caso. La operación Karlos persigue una trama dedicada, presuntamente, a conceder pensiones de invalidez ilegales basadas en informes médicos falsos por los que se llegaban a pagar entre 9.000 y 24.000 euros. Las escuchas telefónicas que permitieron destapar esta red se efectuaron durante la operación Halcón, un caso de facturas falsas en el sector de la marroquinería de la sierra de Cádiz. Según la investigación de Vigilancia Aduanera, ambas tramas tenían un mismo cabecilla, el ex jefe de la policía de Ubrique, Carlos Carretero.

El abogado de Carretero, Alfredo Velloso, argumenta "falta de control de las investigaciones" por parte del juez instructor. El letrado criticó que Vigilancia Aduanera no alertara al juez de que se había descubierto otro presunto delito y continuara investigando la trama de pensiones ilegales sin autorización expresa. También advirtió de que el juez instructor de Jerez, encargado de la operación Halcón, no tiene competencia para la investigación por Karlos, ya que ésta debería haberse desarrollado en la capital gaditana.

El fiscal, Juan Bosco, argumentó en cambio que las escuchas son válidas porque ambas operaciones aparecen "entrelazadas" y defendió que "era imposible hacerlo de otro modo debido a su complejidad". Las acusaciones particulares, ejercidas por la Seguridad Social y la Junta de Andalucía, respaldaron las postura del Ministerio Público.

El juez instructor ya anuló cuatro días de grabaciones y permitió la excarcelación de dos de los principales imputados, el propio Carretero y el inspector médico, Francisco Casto.