El Congreso aprueba el estatuto de los emigrantes españoles en el extranjero
El Congreso aprobó ayer por unanimidad la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, un texto que reconoce los derechos de este colectivo (cerca de un millón y medio de personas) en materias sanitarias y sociales, así como mejoras en el ejercicio del voto y el reconocimiento de la nacionalidad a sus nietos.
El texto promueve el acceso a la nacionalidad de los descendientes de los españoles, incluyendo la posibilidad de que puedan adquirirla todos aquellos nietos cuyos padres hayan sido españoles de origen, con independencia de su lugar y fecha de nacimiento.
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El Congreso aprobó ayer por unanimidad la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, un texto que reconoce los derechos de este colectivo (cerca de un millón y medio de personas) en materias sanitarias y sociales, así como mejoras en el ejercicio del voto y el reconocimiento de la nacionalidad a sus nietos.
El texto promueve el acceso a la nacionalidad de los descendientes de los españoles, incluyendo la posibilidad de que puedan adquirirla todos aquellos nietos cuyos padres hayan sido españoles de origen, con independencia de su lugar y fecha de nacimiento.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció en el Congreso que muchos de los derechos aprobados serán directamente aplicables, mientras que el Código Civil necesitará una reforma en relación al tema de la nacionalidad. Para ello, Caldera destacó que espera acordarlo lo antes posible con el responsable de Justicia para acelerar su aplicación a un plazo anterior a los seis meses previstos en la Ley.
El texto incluye otras medidas con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales a los emigrantes españoles que residen en el exterior en igualdad de condiciones con los que residen en España. Para ello, entre los derechos que incluye este estatuto destaca el compromiso del Estado de asegurar la permanente actualización del censo electoral para que se pueda ejercer el voto en urna en aquellos lugares donde sea posible.
En relación con los derechos y las prestaciones sociales, el texto recoge la protección "en igualdad de condiciones" de los ciudadanos que carezcan de recursos suficientes y de las personas dependientes, mayores, jóvenes o mujeres con especiales dificultades de integración social y laboral. También se incluyen a los españoles que tuvieron que exiliarse en la Guerra Civil durante su minoría de edad.
Además, incorpora nuevos derechos laborales, de modo que el sistema nacional de empleo permita el acceso a la información necesaria a los españoles demandantes de empleo en el exterior y a los retornados.
Por lo que se refiere a la educación y la cultura, podrán tener a su alcance centros, clases o medios de apoyo para la educación en español, para la enseñanza o mantenimiento de las lenguas españolas, así como la simplificación y agilización de procedimientos para la convalidación de estudios y titulaciones.
También se establece la creación de la Oficina Española de Retorno para proporcionar las mayores facilidades a los ciudadanos que quieran retornar a España.