La Asociación contra la Violencia Doméstica reclama más escoltas

La Asociación contra la Violencia Doméstica y en Defensa del Menor (Acovidem), creada la pasada primavera en Euskadi, reclamó ayer medios suficientes para que todas las mujeres víctimas de malos tratos que lo necesiten cuenten con escolta una vez que denuncian a su pareja. En la actualidad hay 30 afectadas protegidas de manera continua, según los últimos datos de Interior.

"Reclamamos que se adopten decisiones eficaces, valientes y con presupuestos a la altura de las circunstancias, que reflejen la magnitud del problema. No vale más la vida de un político, magistrado, empresario... que ...

La Asociación contra la Violencia Doméstica y en Defensa del Menor (Acovidem), creada la pasada primavera en Euskadi, reclamó ayer medios suficientes para que todas las mujeres víctimas de malos tratos que lo necesiten cuenten con escolta una vez que denuncian a su pareja. En la actualidad hay 30 afectadas protegidas de manera continua, según los últimos datos de Interior.

"Reclamamos que se adopten decisiones eficaces, valientes y con presupuestos a la altura de las circunstancias, que reflejen la magnitud del problema. No vale más la vida de un político, magistrado, empresario... que la de una mujer maltratada y amenazada", resalta Acovidem. Estas mujeres aseguran que se sienten "desprotegidas" en los juzgados, donde "en raras ocasiones se aplican medidas de protección realmente eficaces". Y no están de acuerdo con los colectivos que defienden "a ultranza" los programas de reeducación de los maltratadores, porque, según sostienen, muchos de ellos no se lo toman como terapia, sino como una forma de eludir una condena.

El magistrado del Juzgado de Violencia contra la Mujer de San Sebastián, Álvaro Miguel de Aza, defendió ayer tras una conferencia impartida en Donostia su labor y la del resto de funcionarios, y dijo que aplica la ley vigente. Sobre posibles cambios legales, opinó que alejar a la víctima de su agresor, en contra de la voluntad de ella, supone a veces "una injerencia en los derechos de la afectada" y "no respetar su decisión, si ésta es libre y consciente". Pidió mayor apoyo psicológico para que las víctimas resistan el procedimiento judicial y recordó que la competencia para facilitar escoltas es de Interior.