Control anticorrupción

Es tal la alarma social que provoca el urbanismo salvaje y su inevitable secuela de corrupción urbanística que cualquier nueva disposición tendente a controlarla debe ser saludada con cierta esperanza. Una enmienda socialista al proyecto de Ley del Suelo, aprobada el jueves en el Congreso, pretende endurecer los requisitos para aprobar los grandes desarrollos urbanísticos, de forma que cuando los que se proponen en una localidad impliquen un aumento de población de más del 20% deberán ser examinados y tramitados como si se tratara de una revisión del plan general de ordenación urbana (PGOU), c...

Es tal la alarma social que provoca el urbanismo salvaje y su inevitable secuela de corrupción urbanística que cualquier nueva disposición tendente a controlarla debe ser saludada con cierta esperanza. Una enmienda socialista al proyecto de Ley del Suelo, aprobada el jueves en el Congreso, pretende endurecer los requisitos para aprobar los grandes desarrollos urbanísticos, de forma que cuando los que se proponen en una localidad impliquen un aumento de población de más del 20% deberán ser examinados y tramitados como si se tratara de una revisión del plan general de ordenación urbana (PGOU), circunstancia que equivale a endurecer los controles públicos sobre las recalificaciones y condiciones de salubridad. La enmienda apunta a la línea de flotación de disparatadas megaconstrucciones de viviendas, como las de seseña o cullera, ejemplos de un desarrollo urbanístico enloquecido. Además, se tramitará una enmienda que permitirá al gobierno participar en las decisiones sobre vivienda, edificación, suelo, aguasesta última enmienda presagia una confrontación política enconada, pues afecta a las competencias aaautonómicas y locales en materia de suelo y urbanismo. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos han de admitir la necesidad urgente de coordinar los planes urbanísticos del país para evitar crecimientos cancerosos como los que asuelan las costas de buena parte del levante y el sur de la península. la decisión de remitir a planes generales (PGOU) las megaurbanizaciones contribuirá a que los promotores consideren todos los problemas urbanos de un proyecto faraónico -medio ambiente, agua, electricidad, servicios- y no sólo la acumulación de plusvalías. Puede ser útilpara elaborar una política integral contra la corrupción urbanística es necesario además desvincular la financiación de los ayuntamientos -y de los partidos políticos- de la recalificación del suelo. Resulta urgente también regenerar el papel de los interventores municipales; es decir, reforzar su independencia y facilitar que sus informes puedan ser tenidos en cuenta en instancias supramunicipales. Y debe dotarse a la fiscalía anticorrupción de los medios necesarios para perseguir todo tipo de actuaciones fraudulentas, sean sobornos, comisiones, intercambios de favores costas e infraestructuras "en la forma que determine la legislación en la materia". Pero en ningún caso significa la plena solución del problema. valoraciones falseadas o información privilegiada.

Si el precio del suelo y de la vivienda se disparan hasta límites estratosféricos es también por la presencia de agentes e inversores que, muy próximos a los centros de decisión, compran suelo, fuerzan las revalorizaciones y acrecientan la cadena especulativa.