Anticorrupción

Estos días han ocurrido ciertos hechos que podrían cambiar el resto de la legislatura. Lo más grave es el robo de las pistolas por ETA para anunciar su decisión de rearmarse, en abierto contraste al mantenimiento del alto el fuego y reto arrogante al Parlamento Europeo, emplazado a convalidar el llamado proceso de paz en una indignante sesión que avergüenza a España entera. Es posible que esta demostración de fuerza escenificada por los terroristas venga acompañada de algún comunicado próximo, donde se apuntarán el tanto de Estrasburgo y volverán a emplazar al Gobierno a que cumpla sus condici...

Estos días han ocurrido ciertos hechos que podrían cambiar el resto de la legislatura. Lo más grave es el robo de las pistolas por ETA para anunciar su decisión de rearmarse, en abierto contraste al mantenimiento del alto el fuego y reto arrogante al Parlamento Europeo, emplazado a convalidar el llamado proceso de paz en una indignante sesión que avergüenza a España entera. Es posible que esta demostración de fuerza escenificada por los terroristas venga acompañada de algún comunicado próximo, donde se apuntarán el tanto de Estrasburgo y volverán a emplazar al Gobierno a que cumpla sus condiciones de paz. Pero ya puede imaginarse cuál será la impasible respuesta de Zapatero: enrocarse en su inamovible oferta negociadora de paz por legalidad, a la espera de que sus antagonistas pierdan la paciencia y quizá la partida con ella. El caso es mantener vivo el proceso hasta el final de la legislatura, descartando su ruptura para que Zapatero se presente a la reelección con una oferta de paz en la que aún confiar.

El siguiente acontecimiento que también podría resultar decisivo es la convocatoria electoral catalana. Si CiU obtiene una mayoría suficiente, se restablecería la forma habitual de gobernar en España, que es con una tácita coalición de facto entre el moderantismo de la minoría catalana y el partido mayoritario en el poder. Lo cual garantizaría una gran estabilidad política y proporcionaría a Zapatero una especie de seguro de vida contra la derecha ultramontana. Pero son tantos los errores que ha cometido en su campaña electoral que la victoria de Artur Mas no puede darse por descontada, y todavía es posible que el azar electoral le otorgue a Carod Rovira una doble llave arbitral, permitiéndole condicionar la gobernabilidad tanto de Cataluña como de España. Por lo que respecta a la gran coalición sociovergente, parece una entelequia de política-ficción. En cualquier caso, todo depende de la soberanía del elector: que las urnas repartan suerte.

Y aún hay otro hecho reciente que también podría resultar decisivo. Me refiero a la nominación de Miguel Sebastián como próximo candidato socialista a la alcaldía de la capital. Parte de salida en la posición del derrotado, por lo que tiene todo que ganar y nada que perder. Pero además se da un aliciente adicional, y es que la ya iniciada campaña electoral para los próximos comicios municipales va a estar presidida por la lucha contra la corrupción inmobiliaria. Y aquí Sebastián tiene todo que ganar, porque está virgen y es un competente economista, mientras que Gallardón tiene mucho que perder, metido como está hasta el corvejón. En efecto, tras la metástasis del Mal de Marbella, la especulación urbanística se ha alzado al primer rango de nuestra agenda política, como principal problema generador de múltiples efectos perversos. Y dado que este curso toca elecciones locales, la clase política ha desatado por electoralismo una cruzada anticorrupción, a la caza de aquellas cabezas que merezcan ser cortadas por sus excesos urbanísticos, descollando el Gallardón que remodeló Madrid.

Pero una cruzada anticorrupción también podría generar imprevistos efectos perversos, pues cuanto más se asqueen los ciudadanos de la política, más desertarán de las urnas, entregando el poder por omisión a las mismas fuerzas que ya controlan ahora la política urbanística. Con la anticorrupción sucede lo mismo que con el antiterrorismo: que anula y pervierte el civismo de los ciudadanos. ¿Qué hacer para eludir este dilema? Hay que promover políticas positivas, constructivas, y no meramente negativas, destructivas, del tipo antiterrorismo o anticorrupción. Y para ello hay que enfocar la cuestión inmobiliaria no tanto como una cruzada contra la corrupción, sino sobre todo como una lucha ciudadana por la defensa del derecho a una vivienda digna: una campaña en positivo, capaz de movilizar el civismo ciudadano, hoy deprimido por tantas denuncias de corrupción que asuelan a nuestras ciudades. Pues el civismo se demuestra defendiendo a nuestra ciudad, no desertando de ella con asqueada indignación.