Vitoria y San Sebastián tienen programas propios de arrendamiento
Los ayuntamientos de Vitoria y San Sebastián cuentan con unos programas de arrendamiento de vivienda vacía diferentes al del Gobierno, mientras que Bilbao tiene el mismo. La diferencia tanto en la capital alavesa como en la guipuzcoana con relación al Departamento de Vivienda es que los consistorios no hacen el papel de caseros y se limitan a ser unos mediadores que facilitan el contacto entre los dueños de los inmuebles y los inquilinos que desean alquilar.
El Ayuntamiento de Vitoria puso en marcha su programa en junio de 2001 y desde entonces y hasta el pasado mes de septiembre ha mov...
Los ayuntamientos de Vitoria y San Sebastián cuentan con unos programas de arrendamiento de vivienda vacía diferentes al del Gobierno, mientras que Bilbao tiene el mismo. La diferencia tanto en la capital alavesa como en la guipuzcoana con relación al Departamento de Vivienda es que los consistorios no hacen el papel de caseros y se limitan a ser unos mediadores que facilitan el contacto entre los dueños de los inmuebles y los inquilinos que desean alquilar.
El Ayuntamiento de Vitoria puso en marcha su programa en junio de 2001 y desde entonces y hasta el pasado mes de septiembre ha movilizado un total de 940 pisos. Emma Argómaniz, responsable del servicio de Vivienda de la capital alavesa, explica que mientras que el programa Bizigune "coge las viviendas durante cinco años y se encargan de ser los caseros, alquilan y ponen el precio, el Ayuntamiento de Vitoria, en cambio, lo que hace es de mediador entre el propietario y el futuro inquilino". "El dueño del piso", añade, "fija el precio y llega a un acuerdo con el inquilino y ambos firman el contrato. Buscamos inquilinos que se adapten al precio y las características de la vivienda. Ponemos en contacto al dueño y al inquilino y durante el tiempo que dura el contrato mediamos entre las dos partes".
Esa mediación resulta habitual. Si hay problemas con los pagos, si sube la cuota de la comunidad, si se actualiza el IPC (se lo comunican a las dos partes) o si al inquilino le surgen dudas consulta con el Ayuntamiento y entre las tres partes se intenta llegar a un consenso. "Si un inquilino deja mal la vivienda o algo roto hablamos con él para que lo deje en las mejores condiciones y si éste no lo acepta, ya sería el dueño el que tendría que emprender las acciones que crea oportunas", precisa Argómaniz.
Penalización fiscal
En el caso de San Sebastián, su programa, denominado Alokabide, se puso en marcha en 2000 y se dirige a inquilinos con un sueldo que alcance como máximo 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), informa Mikel Ormazabal. Se les ofrece un seguro multiriesgo, una revisión técnica del piso e información para acceder a ayudas para rehabilitarlo. A cambio, deben reducir el alquiler incluso hasta un 50% sobre el precio de mercado.
El Plan Director de Vivienda aprobado por el Gobierno para el periodo 2006-2009 fija como objetivo sacar al mercado de alquiler 5.000 pisos desocupados. El plan también esboza, aunque de forma genérica, la pretensión del departamento de que los dueños de viviendas vacías sean penalizados fiscalmente. Según el viceconsejero, Javier Dean, "sería oportuno que las diputaciones pusieran en marcha recargos sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles como los que hemos tratado de impulsar tiempo atrás. Lo cierto es que las diputaciones incluso eliminaron algún recargo aprobado previamente".
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