La autora ratifica el informe que eliminó el jefe de Urbanismo

El documento cuya existencia niega el ex alto cargo de Madrid "es oficial y está disponible"

El ex director general de Urbanismo del Gobierno de Madrid Enrique Porto niega que exista un documento oficial de sus técnicos -"no consta en el expediente"- en el que éstos le exigieran aplazar en 2004 el plan parcial de Villanueva de la Cañada (Madrid), donde poseía terrenos. Por contra, una de sus redactoras, Norma Pérez, ratifica que, aunque Porto no lo incorporó al expediente, "el informe existe, es oficial y está disponible para cualquier autoridad".

Norma Pérez Huerta es una veterana arquitecta de la Dirección Regional de Urbanismo de Madrid. Debe informar todos los planes urbaní...

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El ex director general de Urbanismo del Gobierno de Madrid Enrique Porto niega que exista un documento oficial de sus técnicos -"no consta en el expediente"- en el que éstos le exigieran aplazar en 2004 el plan parcial de Villanueva de la Cañada (Madrid), donde poseía terrenos. Por contra, una de sus redactoras, Norma Pérez, ratifica que, aunque Porto no lo incorporó al expediente, "el informe existe, es oficial y está disponible para cualquier autoridad".

"El informe se le entregó a Porto, y hay copia firmada", dice la arquitecta Norma Pérez
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Norma Pérez Huerta es una veterana arquitecta de la Dirección Regional de Urbanismo de Madrid. Debe informar todos los planes urbanísticos de su zona, que incluye Villanueva de la Cañada. Entendió que el plan parcial del sector 1 (Los Pocillos, 1,4 millones de metros cuadrados) de dicho municipio madrileño incumplía la legalidad y lo paralizó en 2003, junto con la responsable jurídica, Cristina Navajas, y el jefe de servicio de Planeamiento y Control de Madrid Metropolitano, Jesús Sánchez-Cabezudo. Los tres funcionarios forzaron el aplazamiento del citado sector hasta que se resolviera la media docena de graves deficiencias que habían detectado en su planeamiento, obra de José María Fernández del Río, socio de Enrique Porto.

El plan fue devuelto al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para que subsanara tales deficiencias. Debía corregirlo y presentarlo en Urbanismo antes de seis meses. Pero este plazo lo rebasó ampliamente el citado Ayuntamiento, presidido por el popular Luis Partida, cuya esposa y arquitecta municipal, Juana Manrique, en esos años facturaba supuestos honorarios al redactor del plan, Fernández del Río.

Casualmente, tres personajes clave en la tramitación del citado proyecto de Villanueva de la Cañada tenían un punto en común: poseían terrenos en la zona. Porto, Fernández del Río y Ricardo Ortega -cuñado del alcalde y de su esposa y arquitecta-, sumaban a nombre propio o en sociedad más de 22.000 metros cuadrados en el sector de Los Pocillos, recalificado en 1999 por el equipo del alcalde, con diseño de Porto como arquitecto privado.

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A dicho sector en 2004 sólo le faltaba para poder ser urbanizado que se desbloquease el veto que los técnicos le impusieron en mayo de 2003, en un informe respaldado con la rúbrica del entonces director general de Urbanismo, Íñigo Sáenz de Pipaón. Porto sostiene que no existe este informe oficial, pese a estar firmado por este cargo y sus técnicos y figurar en el expediente de Urbanismo.

El 12 de agosto de 2004, Partida, en lugar de dar por decaído el plan parcial, dado que había vencido el plazo para subsanar sus deficiencias, vuelve a entregarlo para que se den por corregidas y sea bendecido en Urbanismo, que ya dirige el que en libros oficiales llama su "amigo Porto".

Pero su amigo topa con un problema. Dos funcionarias suyas, las responsables jurídica y técnica, le presentan el 16 de septiembre un informe que resulta demoledor para el desbloqueo de su plan parcial y funesto para sus intereses en la zona, donde vendería sus tierras, con sus socios, dos años después, por 4,3 millones de euros, frente a un coste de adquisición de 87.000 euros.

El informe de sus técnicas exige el mantenimiento del veto urbanizador por entender que aún pesan sobre el sector dos de las deficiencias que denunciaron en 2003: sigue sin estar garantizado que los montes que definen como preservados no sean contabilizados por los promotores como parte del sector para aumentar su aprovechamiento y edificabilidad. Exigen, pues, que se delimiten con un informe para impedir que se computen sus 50.000 metros cuadrados como integrantes del sector. Y, en segundo lugar, reiteran que antes de poder aprobarse el plan parcial, debe resolverse el aplazamiento fijado en el plan general para las zonas aledañas al trazado de la carretera M-503.

Según fuentes de Urbanismo, tras hallar Porto tales trabas, mantuvo una reunión con jefes de su departamento, donde defendió que era una "gran ocasión" para los promotores que se computaran a efectos de aprovechamientos los montes preservados. Sus subordinados ignoraban que uno de esos promotores era su director general, el propio Porto.

Finalmente, los técnicos sólo supieron que su informe negativo Porto no lo incorporó al expediente que elevó a la comisión de Urbanismo para su aprobación, en el que, en contra del escrito de sus subordinados, pedía su aprobación y daba por subsanadas sus deficiencias. Pero el informe de sus técnicos no desapareció, pese a no incorporarlo Porto en el expediente: quedó en el archivo informático que comparte todo el departamento de Urbanismo. Hubo prisas. Tantas, que en el informe que elevó Porto -sin sus técnicos ni sus conclusiones, a diferencia del de 2003- primero autorizó todo el sector y, después, lo corrigió para excluir los montes preservados, lo que no ha impedido que se computaran y se aumentara la superficie edificable, según interpretan expertos a tenor del mapa final de la zona.

Finalmente, para su sorpresa, el pasado viernes Norma Pérez leía en este diario el informe suyo que Porto enterró en 2004. "No sé cómo llegó ese informe a EL PAÍS, pero ese informe es oficial. Existe. Los técnicos lo redactamos y lo entregamos a la Dirección General. Y ahí acabó nuestra responsabilidad", señaló. Y añadió: "Yo, al igual que mi compañera del área jurídica, me limité a cumplir mi misión de informar sobre la legalidad del plan de Villanueva de la Cañada. No puedo revelarle su contenido. Para informar debo recibir solicitud o requerimiento por escrito, y contestaría por escrito y con el visto bueno de mis superiores, pero sí puedo manifestar que ese informe se le entregó al señor Porto y está en la red del departamento. Además, como suelo hacer, firmamos y guardamos copia del informe, con lo cual está a disposición de cualquier autoridad que lo reclame".

De hecho, según fuentes de Urbanismo, cuando días atrás Porto reclamó a sus subordinados todos los informes sobre su sector, el aún director recibió dos: "El que no prosperó [inexistente para Porto] y el que sí prosperó [el suyo]".

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