Diferencias en Justicia

La creación del Consejo de Justicia de Andalucía (artículo 142) sigue siendo la principal discrepancia entre socialistas y populares sobre el título de Poder Judicial en el Estatuto. La creación de estos órganos está prevista en la futura reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que elabora el Gobierno central y a la que el PP se opone.

Los consejos autonómicos serán una especie de terminales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una serie de atribuciones sobre el gobierno de los jueces, como la de ejercer funciones disciplinarias sobre los magistrados....

La creación del Consejo de Justicia de Andalucía (artículo 142) sigue siendo la principal discrepancia entre socialistas y populares sobre el título de Poder Judicial en el Estatuto. La creación de estos órganos está prevista en la futura reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que elabora el Gobierno central y a la que el PP se opone.

Los consejos autonómicos serán una especie de terminales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una serie de atribuciones sobre el gobierno de los jueces, como la de ejercer funciones disciplinarias sobre los magistrados.

El Partido Popular no está de acuerdo con esta descentralización del CGPJ y limita la función de los consejos autonómicos a tareas de asesoramiento. La ponente popular Soraya Sáenz de Santamaría expresó su "satisfacción a medias" en este título, al que este partido se opuso en Andalucía porque era una "coartada" para los nacionalistas.

El PSOE suprimió la referencia que viene en el artículo 138 a la competencia del Tribunal Supremo para la unificación de doctrina. Eso es lo que propone el Gobierno central en la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, pero los socialistas opinan que los Estatutos autonómicos no son los que tiene que marcar las competencias del Supremo.

Sin embargo, el PSOE sí apoyó que figurara la referencia, que ahora elimina para Andalucía, en el Estatuto catalán. Según Alfonso Perales, esa enmienda "protege al Estatuto andaluz de cualquier interpretación" de inconstitucionalidad, aunque la realidad es que ahora no negocian con CiU ni ERC, sino con el PP.

Los populares también mostraron su rechazo a que figure la obligatoriedad de la paridad en las listas electorales.

La ley Electoral autonómica ya contempla la alternancia de hombres y mujer en las candidaturas, aunque la norma ha sido recurrida por el grupo popular al Tribunal Constitucional.

Por el contrario, los conservadores celebraron, al igual que lo hizo IU a través de Antonio Romero, el que las comisiones de investigación del Parlamento puedan ampliarse a las empresas públicas. No hubo acuerdo ni en la limitación de mandatos del presidente de la Junta y la no coincidencia electoral.