Participación y responsabilidad

Según los datos del informe sobre Ciudadanía y participación del Centro de Estudios Andaluces, sólo el 4% de los andaluces pertenecen a un partido político y la política interesa "poco o nada" al 73% de los encuestados. Asimismo, más de un tercio no habla con nadie cercano, sobre cuestiones políticas. Pero lo más relevante del sondeo en la perspectiva de la apatía política de los andaluces, es que las mujeres están bastante más desinteresadas que los hombres y el 45% del total afirma que le resulta difícil de entender las actividades políticas. Una cuestión central que revela la difícil...

Según los datos del informe sobre Ciudadanía y participación del Centro de Estudios Andaluces, sólo el 4% de los andaluces pertenecen a un partido político y la política interesa "poco o nada" al 73% de los encuestados. Asimismo, más de un tercio no habla con nadie cercano, sobre cuestiones políticas. Pero lo más relevante del sondeo en la perspectiva de la apatía política de los andaluces, es que las mujeres están bastante más desinteresadas que los hombres y el 45% del total afirma que le resulta difícil de entender las actividades políticas. Una cuestión central que revela la difícil trayectoria histórica de la mujer, en un terreno en el cual le está costando sangre, sudor y lágrimas el alcanzar la igualdad jurídico-política en relación al sexo contrario.

Hasta el siglo XX no se ha reconocido, en la mayoría de los países democráticos, el derecho de las mujeres al voto. Un proceso que progresivamente se ha traducido, tras la reforma de las leyes correspondientes, en una situación de igualdad jurídica. Incluso hoy día asistimos, en muchos casos, a la aplicación de medidas de discriminación positiva, como el sistema de cuotas, para favorecer la participación política de las mujeres. Aparentemente no existen ya barreras visibles para que las mujeres ejerzan como ciudadanas. Aunque aún hay sombras en la interpretación de las normas, como ocurre con algunas sentencias judiciales que incurren en una interpretación jurídica sexista.

La cultura política que sustenta los sistemas de democracia representativa ha negado la existencia de uno de los dos sexos que conforman la especie humana amparándose en un concepto de ciudadano neutro. No reconoce una igualdad que contemple la diferencia de los sexos. En este terreno el concepto de ciudadano universalizado queda reducido asimétricamente. La igualdad de derechos en la práctica queda limitada pues la mera igualdad jurídica no modifica la situación de las mujeres en el sentido de presencia y fuerza. Son pocas las mujeres, sobre todo en el ámbito privado, que ocupan puestos de poder, de representación o de decisión. La discriminación sutil actúa a la hora de escoger y nombrar mujeres para puestos decisorios, pero también podríamos decir que en muchos casos las mujeres no quieren ocuparlos. Porque acceder a ellos les representa costes personales de malestar y renuncia. Debido, principalmente a que la actuación en estos puestos está definida en parámetros masculinos que suponen, por una parte, una dedicación total que es posible sólo si otros realizan las tareas de cuidado y domésticas; y por otra incorpora unas reglas de juego que no han sido pensadas ni establecidas por las mujeres.

Muchas mujeres, están excluidas de esta definición de la política y, por tanto, se sienten ajenas a la esfera de lo político. Por lo tanto, hacer posible la participación política de la mujer significa elaborar y hacer crecer una nueva lógica de funcionamiento político que cuestione radicalmente contenidos y formas de representación de tal manera que se dé cabida a la expresión de las diferencias que incluyen la subjetividad masculina y la femenina. De todos modos, el problema de la participación política en los sistemas democráticos occidentales trasciende el reconocimiento de una serie de derechos para las poblaciones. Una gran parte de la sociedad se siente hoy ajena a la cultura política dominante y sus formas de representación. La concentración de los centros de poder, la globalización de los procesos de producción y de toma de decisiones hacen que cada vez sea más difícil encontrar mecanismos de participación que permitan ser parte activa en la configuración de un modo de organización colectivo. Esta situación adquiere para las mujeres una dimensión particular extrema.

Es necesaria una nueva concepción política entroncada con las necesidades humanas, en la que lo llamado privado sea importante para la colectividad, y sea, en definitiva político, porque político es elaborar propuestas encaminadas a aliviar las incomodidades de la vida cotidiana sobre la que tanto han reflexionado las mujeres por su peculiar experiencia de vida. Esto comporta reconocer a las mujeres como sujeto genérico político consciente y, también, hacer de la política una actividad conectada con la población, sustentada en ella, en sus opiniones y en sus necesidades y no a la inversa; es decir, hacer a los individuos dependientes de las decisiones políticas.

Las mujeres tienen que hacerse visibles como sexo con una práctica incordiante para una política que en muchas ocasiones ignora su subjetividad. Una práctica autónoma y horizontal en la que exista un intercambio transversal como mujeres, más allá de la filiación política y de la diversidad de trayectoria. Una práctica que abarque el autoconocimiento, el debate y los proyectos de mujeres; que combine la investigación, la reflexión crítica y la actividad transformadora; que no eluda la confrontación en la escena política de las instituciones, los partidos y los nuevos movimientos sociales.

Antonio Espantaleón Peralta es profesor de Sociología Política en la Universidad de Granada.