El juez sienta en el banquillo al ex consejero Farreres por prevaricación y malversación

El ex consejero de Trabajo en los gobiernos de CiU entre 1988 y 1999, Ignasi Farreres, será juzgado por la Audiencia de Barcelona por los supuestos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. El Juzgado de Instrucción número 11 acordó ayer la apertura de juicio oral contra él, así como contra el ex secretario general de su departamento Josep Maria Servitje por encargar en 1994 y 1995 ocho informes que resultaron ser "burdos plagios de libros que se podían adquirir con facilidad", según asegura el magistrado Francisco González Maillo.

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El ex consejero de Trabajo en los gobiernos de CiU entre 1988 y 1999, Ignasi Farreres, será juzgado por la Audiencia de Barcelona por los supuestos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. El Juzgado de Instrucción número 11 acordó ayer la apertura de juicio oral contra él, así como contra el ex secretario general de su departamento Josep Maria Servitje por encargar en 1994 y 1995 ocho informes que resultaron ser "burdos plagios de libros que se podían adquirir con facilidad", según asegura el magistrado Francisco González Maillo.

Por esos informes se pagaron 46.158 euros, una cantidad que ahora exige el juez que depositen Farreres y Servitje para asegurar las responsabilidades civiles que se les pueda imponer en caso de condena. También se sentará en el banquillo Víctor Manuel Lorenzo Acuña, administrador de Socesca y Gestumer, las empresas beneficiarias.

Acuña declaró en el juzgado que engañó al consejero y al secretario general para que le encargasen esos estudios, aunque el juez rechaza por completo esa hipótesis. En su opinión, Farreres y Servitje "actuaron de común acuerdo, conocedores de las sociedades adjudicatarias y de la persona que las regentaba y cobraba por los inútiles informes".

También añade el juez que ningún otro funcionario intervino en esas adjudicaciones ni en los trámites y recuerda que "una vez entregados los estudios, no se les dio ninguna utilidad". Por todo ello, el magistrado entiende que "existen sobradas razones para abrir el juicio oral".

El Departamento de Trabajo de la Generalitat, que ejerce la acusación particular, así como el abogado Xavier Rotllan, que también acusa en este proceso, han solicitado que también sea juzgado Santiago Vallbé, socio de las dos empresas beneficiarias. El juez lo ha rechazado y su decisión está pendiente de recurso ante la Audiencia.