Los espías de los cayucos

Warde, un conocido pescador reconvertido en traficante de personas de San Luis, fue sorprendido con las manos en la masa. Un furgón policial se plantó en la puerta de su casa a mediados de agosto. En esa choza del barrio de Sor, los agentes hallaron a 80 personas dispuestas a zarpar junto a cientos de litros de combustible, provisiones, un motor fuera borda y más de seis millones de francos CFA (9.160 euros). Desconocía que uno de los sin papeles que albergaba en su hogar era un policía. Fue quién lo delató y ahora está en prisión.

La falta de medios con la que las autoridades se...

Warde, un conocido pescador reconvertido en traficante de personas de San Luis, fue sorprendido con las manos en la masa. Un furgón policial se plantó en la puerta de su casa a mediados de agosto. En esa choza del barrio de Sor, los agentes hallaron a 80 personas dispuestas a zarpar junto a cientos de litros de combustible, provisiones, un motor fuera borda y más de seis millones de francos CFA (9.160 euros). Desconocía que uno de los sin papeles que albergaba en su hogar era un policía. Fue quién lo delató y ahora está en prisión.

La falta de medios con la que las autoridades senegalesas tienen que hacer frente a la emigración clandestina se ha resuelto con ingenio. Las comisarías centrales de los principales puntos del país han enviado a cientos de policías de paisano a los embarcaderos para hacerse pasar por candidatos al viaje. Otros agentes recorren en furgones policiales la costa para detener las expediciones antes de que se hagan a la mar. Los que lo consiguen tienen muchas posibilidades de un viaje con éxito. La escasez de patrulleras impide a los agentes seguir a los emigrantes en el agua.

"Cuando recibimos las primeras órdenes de ponernos firmes contra el fenómeno de la emigración, nos dimos cuenta de las dificultades de probar el delito", explica el comisario Mane, en su destartalado despacho de la comisaría central de San Luis. "La única forma de pararlos era encontrarlos justo en el momento en que cometían el delito, porque si no se ponían todos de acuerdo para decir que se iban a pescar y nos veíamos obligados a soltarlos", añade.

Con el auge de las salidas hacia España y las consecutivas protestas del Gobierno español, el Ministerio del Interior senegalés obligó a Mane a poner en marcha un dispositivo de vigilancia durante las 24 horas del día. Son dos grupos de diez agentes que hacen dos turnos de doce horas. La mitad de sus componentes van vestidos de uniforme y visitan en patrullas los principales puntos de salida de cayucos comunicados por carretera o senderos. El resto, sin uniforme, se distribuye por los distintos embarcaderos pidiendo a la gente que les pongan en contacto con los pasadores para delatarlos.

Desde que se puso en marcha este sistema, las fuerzas de seguridad senegalesas han conseguido abortar cuatro expediciones y los organizadores se encuentran ahora en prisión provisional a la espera de juicio. La ley senegalesa prevé para su delito penas de hasta 10 años de prisión. Hasta el pasado 7 de septiembre los que habían pagado para hacer el viaje eran puestos en libertad y se les devolvía el dinero pagado al pasante con las cantidades interceptadas en las operaciones. Ahora se les conduce a comisaría para investigarlos y los fiscales los acusan por la misma infracción cometida por los organizadores. "Gracias a este dispositivo hemos conseguido calmar la situación y los barcos ya no salen tan fácilmente como antes", asegura Mane. "Si nos dieran todo terrenos y prismáticos creo que podríamos hacer mucho más", añade.

A los esfuerzos de los agentes senegaleses se ha unido el de las embarcaciones, aviones y helicópteros del Frontex. A última hora del viernes, la patrullera de la Guardia Civil Río Cabriel , con ocho agentes españoles a bordo, y dos observadores de la Marina y la Gendarmería senegalesa, interceptó su primer cayuco, después de que el 13 de septiembre el Gobierno senegalés le diera el permiso. Estaba en las cercanías de las costas de Gambia, a unos 250 kilómetros al sur de Dakar, según fuentes diplomáticas españolas. En ella viajaban 80 emigrantes que fueron transbordados a una patrullera senegalesa, en la que llegaron ayer a las dependencias de la Gendarmería en el puerto de la capital.

La embarcación fue avistada por el avión italiano que utiliza el dispositivo fronterizo europeo. El patrullero de altura Diciotti, en colaboración con el barco de la Guardia Civil, persiguió a los senegaleses, que detuvieron los motores para intentar pasar desapercibidos. Al verse acosados, tomaron rumbo hacia aguas territoriales de Gambia para intentar refugiarse. Pero los pillaron antes de que pudieran llegar.

El acuerdo de repatriación y control de fronteras firmado entre Senegal y España impide a los europeos llevar a puerto a los inmigrantes interceptados. Por eso, las embarcaciones italiana y española tuvieron que esperar en alta mar la llegada de un barco de vigilancia pesquera senegalés, utilizado ahora en las operaciones migratorias, para que se hiciera cargo de ellos. Esa embarcación, de unos 10 metros de eslora, los llevó hasta el puerto de Dakar, donde llegaron hacia las seis de la tarde de ayer.

Por el momento, el Gobierno español está satisfecho de la colaboración de Senegal. La ausencia de protestas en el país africano augura que los vuelos de repatriación puedan seguir produciéndose sin problemas durante los próximos días y la salida de cayucos parece que se ha ralentizado, según fuentes diplomáticas españolas.

Los senegaleses aseguran que hacen su trabajo, pero sus condiciones son penosas en comparación con las de sus compañeros europeos. El jefe de puesto de la comisaría central de San Luis cuenta que su salario mensual no llega a los 200 euros. "Como el resto del país, nosotros no tenemos dinero para sacar adelante a nuestras familias", relata. "Si las piraguas fueran más seguras, tenga usted por seguro que hasta nosotros nos iríamos de aquí".