Ganar las elecciones y robar la cartera
El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, al igual que el de 2006, establece que el Parlament es elegido por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, y que el sistema electoral es de representación proporcional, asegurando la adecuada representación de todas las zonas del territorio. El Estatuto de 1979 encomendó al propio Parlament la elaboración de una ley electoral conforme a tales preceptos, y una disposición transitoria reguló los primeros comicios. Tal disposición establecía una distribución de escaños en las cuatro circunscripciones que penalizaba notablemente a los elec...
El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, al igual que el de 2006, establece que el Parlament es elegido por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, y que el sistema electoral es de representación proporcional, asegurando la adecuada representación de todas las zonas del territorio. El Estatuto de 1979 encomendó al propio Parlament la elaboración de una ley electoral conforme a tales preceptos, y una disposición transitoria reguló los primeros comicios. Tal disposición establecía una distribución de escaños en las cuatro circunscripciones que penalizaba notablemente a los electores de Barcelona. Pues bien, 26 años después todavía no existe una ley electoral catalana y las elecciones al Parlament siguen celebrándose conforme a aquella disposición transitoria. La pregunta inmediata es obvia: ¿es democráticamente aceptable que el voto de los ciudadanos de Barcelona valga sustancialmente menos que el de los ciudadanos de las otras circunscripciones?
Claro está que no es difícil comprender el poco interés de los gobiernos de CiU (1980-2003) en dar cumplimiento a la previsión estatutaria. Basta fijarse en los resultados de las dos últimas elecciones celebradas: en las de junio de 1999, las candidaturas del PSC en coalición con Ciutadans pel Canvi, y con IC en Girona, Lleida y Tarragona obtuvieron el 37,8% de los votos, en tanto que las de CiU obtenían una décima menos, el 37,7%. Pero la traducción de los votos en escaños alteró el orden, o si se prefiere el empate: CiU obtuvo 56 diputados frente a los 53 del PSC y sus aliados, lo que permitió a la coalición nacionalista, con el apoyo del PP, la reelección de Jordi Pujol en la presidencia de la Generalitat. En las elecciones de noviembre de 2003 las candidaturas del PSC-Ciutadans pel Canvi fueron de nuevo las más votadas -31,1%-, ligeramente por delante de CiU, que obtuvo el 30,9%, pero de nuevo la norma electoral alteró la voluntad popular: 46 escaños para CiU y 42 para el PSC. Desde entonces y durante toda la legislatura, la coalición nacionalista, que fue incapaz de formar una mayoría parlamentaria para gobernar, no ha parado de repetir que había ganado las elecciones, afirmación reproducida habitualmente de forma acrítica por buena parte de los medios de comunicación, que incluso a veces han atribuido a CiU la condición de fuerza más votada.
Sin embargo, el incumplimiento del Pacto del Tinell respecto a la elaboración de una ley electoral, responsabilidad fundamentalmente de ERC, nos conduce a una nueva convocatoria con la misma norma provisional y en la que ya se está especulando sobre una posible repetición de la divergencia entre votos y diputados. Y además, los máximos dirigentes de CiU no paran de demandar que una vez asignados los escaños se olvide rápidamente el número de votos, es decir, la expresión exacta del apoyo de los electores a las distintas candidaturas, y que sólo el número de diputados obtenido sea tenido en cuenta a la hora de considerar la condición de ganador de los comicios, una pretensión que se asemeja a la del jugador que quiere convertir en norma indiscutida una ventaja irregular que le favorece.
Creo que debería estar fuera de toda discusión que únicamente los votos expresan la voluntad de los ciudadanos y que, por tanto, si una candidatura con más votos que su oponente obtiene menos escaños es que el sistema electoral es defectuoso y que debe modificarse. Ya sé que algunos dirán que el sistema electoral español -y otros, claro está- también altera la proporcionalidad más allá de lo aceptable, y desde luego me encuentro entre quienes piensan que debería modificarse, cosa que, por cierto, impidieron hace pocos meses en el Congreso de los Diputados CiU y ERC en alianza con el PP, votando contra una propuesta del PSOE e IU-IC. Pero, en todo caso, en las elecciones legislativas españolas, es la tercera lista -el PCE en su día, hoy Izquierda Unida- la que resulta más penalizada, y jamás el partido con más sufragios ha obtenido al mismo tiempo el mayor número de escaños en el Congreso, con las consecuencias políticas que ello implica.
Pero junto con la pretensión de convertir en algo incontrovertible que ganar las elecciones es obtener más escaños, al margen de cuál sea el apoyo popular expresado en votos, los dirigentes de CiU han puesto en circulación un argumento del todo incompatible con una democracia parlamentaria: el de que debe necesariamente gobernar quien obtiene más escaños, cuestionando no la legalidad pero sí la legitimidad de cualquier otra fórmula. Naturalmente, los dirigentes de CiU saben perfectamente que en las elecciones al Parlamento se eligen diputados -aunque la campaña promueva especialmente al candidato a la presidencia de la Generalitat- y que la formación de Gobierno, a falta de una mayoría absoluta de un grupo político, depende de la mayoría parlamentaria que se articule. Y eso no sólo es plenamente legítimo, sino que forma parte de la práctica habitual de las democracias parlamentarias. A ningún dirigente político europeo se le ocurriría decir seriamente que le han "robado la cartera" porque ha sido incapaz de tejer una alianza parlamentaria para formar gobierno aun disponiendo del grupo parlamentario más numeroso. Por cierto, que no consta que CiU haya criticado a sus socios del BNG por su pacto con los socialistas para desplazar al PP del Gobierno de Galicia, la fuerza más votada y con más escaños en el Parlamento de aquella comunidad.
Sería una tal vez pequeña pero no irrelevante contribución al debate de cara a las próximas elecciones del 1 de noviembre que los dirigentes políticos, todos, tuvieran presente sus ocasionales y a menudo tan poco creíbles llamadas a ejercitar la pedagogía política. Por eso, si debido a la distorsión provocada por la normativa electoral se produce una disparidad votos/diputados no se puede pretender que simplemente se ignore el dato que de forma precisa indica la voluntad popular. Y ante la previsible inexistencia de una mayoría absoluta debería aceptarse no sólo la legitimidad, sino la plena normalidad democrática del acuerdo de gobierno que las formaciones políticas representadas en el Parlament sean capaces de alcanzar.
Pere Ysàs es profesor de Historia Contemporánea de la UAB.