El PSOE remarca la unidad de España en las enmiendas al Estatuto andaluz

El Grupo Parlamentario Socialista ha redactado 10 escritos de enmiendas al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía que pretenden reforzar la idea de la unidad de España, garantizar por un periodo de siete años una financiación autonómica vinculada al peso de la población andaluza y limitar la competencia exclusiva de Andalucía sobre la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir a la zona del río que pasa por la comunidad. Una de las enmiendas plantea suprimir una disposición adicional por la que Andalucía podía asumir competencias estatales a través del artículo 150.2 de la Co...

El Grupo Parlamentario Socialista ha redactado 10 escritos de enmiendas al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía que pretenden reforzar la idea de la unidad de España, garantizar por un periodo de siete años una financiación autonómica vinculada al peso de la población andaluza y limitar la competencia exclusiva de Andalucía sobre la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir a la zona del río que pasa por la comunidad. Una de las enmiendas plantea suprimir una disposición adicional por la que Andalucía podía asumir competencias estatales a través del artículo 150.2 de la Constitución.

El preámbulo de la propuesta de reforma que aprobó el Parlamento andaluz con los votos a favor de PSOE e IU incluía una frase que provocó el rechazo del PP: "Así, la Constitución Española, en su artículo 2, reconoce la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad". Ahora, los socialistas pretenden buscar el voto del PP a la tramitación en el Congreso afianzando la idea de la unidad de España a través de diversas enmiendas.

El PSOE corrige el preámbulo del nuevo Estatuto para incluir frases que hacen referencia a Andalucía "en el marco de la unidad de España", asentada "en el sur de la Península Ibérica" y respetuosa de la Constitución Española. También modifica las enmiendas el título preliminar para apuntalar esta misma idea al afirmar que "Andalucía se constituye en Comunidad Autónoma dentro de la Unidad de la Nación Española".

El escrito de enmiendas también fórmula algunas correcciones técnicas al capítulo de derechos y deberes.

En el capítulo de competencias, el grupo parlamentario socialista plantea correcciones "con el fin de mejorar técnicamente la redacción" aprobada en el Parlamento andaluz. En algunas de las competencias, como la de energía y minas, o investigación, desarrollo e innovación tecnológica, las enmiendas socialistas suprimen el término "exclusiva" de la comunidad autónoma andaluza y se sustituye por "compartida" con la Administración central del Estado.

En otras competencias, el PSOE añade coletillas que se refieren a que lo dispuesto en el Estatuto de Andalucía queda limitado por "los términos previstos en la legislación del Estado" o por "el marco de la legislación estatal", o por competencias "cuya gestión no se reserve el Estado".

El artículo 50 del nuevo Estatuto de Andalucía aprobado por el Parlamento andaluz desencadenó el rechazo de Extremadura y de Murcia (dos comunidades limítrofes): "La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, y de las obras públicas hidráulicas de interés general". El PSOE enmienda este artículo para señalar que Andalucía ostentará competencias exclusivas "sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma". Y de paso, la enmienda protege la competencia estatal: "Sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las obras hidráulicas públicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22 de la Constitución".

El PSOE propone suprimir la disposición adicional cuarta por la que Andalucía podía asumir competencias estatales a través de la vía del artículo 150.2 de la Constitución (que establece la posibilidad de delegar competencias estatales mediante Léy Orgánica).