Una juez declara inconstitucionales las escuchas sin orden judicial en EE UU

Una juez federal de EE UU ordenó ayer por primera vez interrumpir, de forma "inmediata", el programa de espionaje a particulares sin autorización judicial ordenado por el Gobierno de George W. Bush por considerarlo "inconstitucional". "Viola los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad de los ciudadanos", asegura la juez Anna Diggs Taylor en su resolución de 43 páginas. La decisión supone un duro golpe a la Administración republicana, que había defendido este programa como una herramienta fundamental en su lucha contra el terrorismo.

"Deben prevalecer los derechos de los dem...

Una juez federal de EE UU ordenó ayer por primera vez interrumpir, de forma "inmediata", el programa de espionaje a particulares sin autorización judicial ordenado por el Gobierno de George W. Bush por considerarlo "inconstitucional". "Viola los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad de los ciudadanos", asegura la juez Anna Diggs Taylor en su resolución de 43 páginas. La decisión supone un duro golpe a la Administración republicana, que había defendido este programa como una herramienta fundamental en su lucha contra el terrorismo.

"Deben prevalecer los derechos de los demandantes y nuestra Constitución", declaró la juez, frente a la pretensión de la Casa Blanca de ampararse en derechos inherentes que la Constitución y el Congreso conceden al presidente en tiempo de guerra.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) presentó una denuncia en nombre de periodistas, académicos y abogados que consideraban que el programa limitaba su trabajo y lo hacía más difícil. En su opinión, sus contactos en el extranjero, como fuentes o testigos potenciales, podrían mostrarse recelosos a compartir información por teléfono.

La polémica en torno a este asunto fue desvelada por el diario The New York Times en diciembre de 2005. Según el periódico, entre las medidas adoptadas tras los ataques en Nueva York y Washington el 11-S, Bush ordenó en 2002 a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en sus siglas en inglés) que controlara las comunicaciones internacionales -llamadas telefónicas y correo electrónico de estadounidenses o extranjeros- "en el proceso de investigación de pruebas de actividades terroristas" sin necesidad de recurrir a un mandato judicial, como se hace con las comunicaciones nacionales. ¿A cuánta gente le afectó la orden? Según fuentes anónimas citadas por el diario, la NSA controlaba "a unas 500 personas" como media, pero "la lista cambió, porque algunos nombres se añadieron y otros se quitaron, con lo que quizá se pueda hablar de algunos miles".

Seguridad nacional

La Casa Blanca afirmó entonces que el presidente tenía autoridad suficiente para encargar el programa secreto a la NSA. George W. Bush no sólo admitió que había autorizado el control de las comunicaciones con el extranjero sin mandato judicial, sino que anunció que lo seguiría haciendo porque era "vital para la seguridad nacional".

Pero el escándalo cobró aún mayor relevancia el pasado mes de junio, cuando el diario USA Today publicó que la NSA había recogido información sobre decenas de millones de comunicaciones telefónicas de personas y empresas en EE UU, y la había reunido en una enorme base de datos con el propósito de detectar amenazas terroristas. Una vez más, el presidente Bush reiteró que el programa era "una pieza vital para la defensa de los intereses nacionales".

Sin embargo, la Casa Blanca se vio obligada a rectificar a mediados del mes pasado algunos de sus "principios presidenciales" en vigor después del 11-S y defendidos hasta ese momento a capa y espada. Fue entonces cuando el Congreso anunció que Bush daba su brazo a torcer y admitía que el programa fuera revisado por un tribunal para determinar si se atenía a la Constitución. Días antes de que esto sucediera, el Pentágono daba orden de aplicar la Convención de Ginebra a los sospechosos de terrorismo tras el fallo del Tribunal Supremo que ilegalizó las comisiones militares especiales que les juzgaban en Guantánamo. Ambos asuntos dieron un serio frenazo a la filosofía de la "presidencia imperial" y la política de prescindir del control legislativo a la hora de llevar a cabo la guerra contra el terrorismo, que el Capitolio respaldó masivamente después del 11-S. En ambos casos fue el propio Congreso -bajo presión de los republicanos, que tratan de llegar en las mejores condiciones posibles a las legislativas de noviembre- el que, arrepentido de aquel cheque en blanco que la Casa Blanca ha utilizado una y otra vez sin escrúpulos, manifestó su deseo de recuperar su autoridad y limitar la del presidente.

La ACLU declaraba ayer que con la decisión de la juez quedaba claro que "ni siquiera el presidente está por encima de la ley". "El tribunal ha cumplido con su trabajo", dijo Ann Beeson, directora legal de la ACLU, a Associated Press. La Agencia Nacional de Seguridad no hizo ningún comentario. Esta decisión pone contra las cuerdas al Gobierno de Bush, que había pedido que se rechazara la demanda de la ACLU, argumentando que cualquier acción judicial en este caso podría poner en peligro secretos de Estado en la actual guerra contra el terrorismo.