La Generalitat edita dos guías de información sobre la detección de la mutilación genital femenina
La mutilación genital femenina se considera en España un atentado contra los derechos humanos, está asociada a riesgos sociosanitarios y psicológicos y está penada con entre 6 y 12 años de cárcel.
El Instituto Catalán de la Salud (ICS) ha editado una guía en catalán, traducida de una que ya publicó en castellano en 2004, para orientar a los profesionales de atención primaria para detectar estas prácticas. El ICS ha publicado asimismo un tríptico informativo para las familias.
La mutilación genital femenina es la extirpación total o parcial de los órganos genitales femeninos por r...
La mutilación genital femenina se considera en España un atentado contra los derechos humanos, está asociada a riesgos sociosanitarios y psicológicos y está penada con entre 6 y 12 años de cárcel.
El Instituto Catalán de la Salud (ICS) ha editado una guía en catalán, traducida de una que ya publicó en castellano en 2004, para orientar a los profesionales de atención primaria para detectar estas prácticas. El ICS ha publicado asimismo un tríptico informativo para las familias.
La mutilación genital femenina es la extirpación total o parcial de los órganos genitales femeninos por razones culturales o religiosas, que no terapéuticas, como se explica en la guía. Los profesionales sanitarios son clave para la prevención y detección de estas prácticas, según el ICS. Y es que la inmigración subsahariana a la Unión Europea ha hecho que estas prácticas se planteen como una cuestión de intervención inmediata. A pesar de ser ilegales en España, muchas familias aprovechan los viajes a sus países de origen para llevarlas a cabo.
Por lo que se refiere a la información a los ciudadanos, el tríptico trata de una manera sencilla sobre qué es la mutilación genital femenina así como de los riesgos que comporta y de la ilegalidad de esta práctica en España, donde se considera un delito de lesiones.
El tríptico advierte de que hacer ablaciones puede acarrear penas de cárcel. Las niñas afectadas podrían ingresar en un centro de protección de menores.