Galicia pide ayuda al Ejército para atender a la población ante el "terrorismo del fuego"

Las Rías Baixas y la comarca de Santiago de Compostela, dos de las zonas más pobladas de Galicia, vivieron ayer otro día entre nubes de humo, cenizas y estruendo de sirenas y helicópteros como resultado de lo que desde la Administración autonómica se llama ya "terrorismo del fuego". Al desastre medioambiental se une un problema de seguridad por la proximidad de las llamas a entornos urbanos, lo que ha llevado a la Xunta a pedir la movilización del Ejército para colaborar en tareas de protección civil en Pontevedra. El Gobierno central ha enviado a Galicia a un grupo especial de la Guardia Civi...

Las Rías Baixas y la comarca de Santiago de Compostela, dos de las zonas más pobladas de Galicia, vivieron ayer otro día entre nubes de humo, cenizas y estruendo de sirenas y helicópteros como resultado de lo que desde la Administración autonómica se llama ya "terrorismo del fuego". Al desastre medioambiental se une un problema de seguridad por la proximidad de las llamas a entornos urbanos, lo que ha llevado a la Xunta a pedir la movilización del Ejército para colaborar en tareas de protección civil en Pontevedra. El Gobierno central ha enviado a Galicia a un grupo especial de la Guardia Civil para investigar la "actividad criminal" que, según la Xunta, es la responsable de la ola incendiaria desatada el viernes pasado.

El presidente de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño, interrumpió ayer sus vacaciones y compareció en Santiago, una ciudad asediada desde el pasado viernes por columnas de humo, para anunciar que las autoridades gallegas no darán "tregua a los incendiarios". A Touriño el fuego le pillaba tan cerca que hasta alcanzó las inmediaciones de su residencia privada, en Rois (A Coruña). Sólo el sábado se habían producido 120 incendios en toda Galicia. Y en plena madrugada de ayer, antes del alba, se habían prendido ya una decena de fuegos más, otra prueba de que el desastre medioambiental tiene una "obvia causalidad delictiva", en palabras de Touriño.

Desde el viernes, en tres días secos y con viento del nordeste, han ardido más de 5.000 hectáreas. La oleada se ha concentrado en zonas próximas a la costa y muy pobladas. El fuego lleva tres días arrasando en el extrarradio de Santiago y en localidades muy cercanas a ciudades como Vigo y Pontevedra.

De los 26 incendios que permanecían activos al cierre de esta edición, en seis de ellos estaba declarada la alerta 1 por peligro para la población. Uno, el que asoló Muros, una localidad de la costa coruñesa muy concurrida de turistas en verano, obligó por la mañana a evacuar una urbanización. También continuaba la alerta máxima en Cerdedo (Pontevedra), donde el fuego no se ha podido extinguir desde el viernes y se ha cobrado dos víctimas mortales, una mujer de 75 años y su hija de 50, atrapadas por las llamas cuando transitaban en coche por una carretera junto al bosque.

El avance de ese incendio amenaza ahora lugares del vecino municipio de Cotobade, una de las zonas para las que la Xunta solicitó a última hora de ayer la movilización del Ejército. El Gobierno gallego también pidió el despliegue de unidades militares en Soutomaior, muy cerca de Vigo, y en Lérez, una zona rural del municipio de Pontevedra. La Xunta aplicó los protocolos previstos en situaciones de emergencia en las que se prescribe la intervención inmediata del Ejército para "defender la seguridad ciudadana".

"El mayor daño posible"

Touriño ha mantenido contactos en los últimos días con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y ayer anunció que la Guardia Civil ha enviado a Galicia cinco agentes especializados de la Unidad Central Operativa para reforzar la investigación sobre los incendios. A la misión se sumará también el grupo contra la delincuencia organizada que ya tiene el instituto armado en Galicia, dedicado fundamentalmente a perseguir el narcotráfico, pero que estos días, según Touriño, pasará a encargarse de "modo casi exclusivo" de seguir la pista de los pirómanos. Para enfatizar el compromiso del Gobierno central, mañana se desplazará a la comunidad el director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida.

El presidente de la Xunta respaldó los argumentos expuestos por su consejero de Medio Rural, el nacionalista Alfredo Suárez Canal, quien sostiene que la situación no es resultado de simples imprudencias en el monte sino de una "actividad criminal desaforada" que busca "hacer el mayor daño posible" en las cercanías de importantes núcleos de población y aprovechando las condiciones meteorológicas de los últimos días. En la Consejería de Medio Rural esgrimen los datos recogidos sobre el terreno: las características de los incendios, la aparente sincronización con que se inician muchos de ellos en varios focos a la vez o los testimonios de miembros de las cuadrillas que han visto a gente que llega en coche, prende fuego y escapa.

Con el rastro del fuego presente por todas partes, la dimensión política que ha cobrado el asunto se evidenció también con la intervención del presidente del PP, Mariano Rajoy, de vacaciones en Pontevedra, quien en unas declaraciones durante la fiesta del vino albariño, en Cambados, aseguró: "Lo que es evidente es que ha quedado demostrado que el operativo de incendios de la Administración autonómica no funciona". Rajoy instó a la Xunta a que pida la ayuda del Gobierno central y de los ayuntamientos. En los últimos días, cargos del PP gallego como el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, o los alcaldes de Cerdedo y Cangas do Morrazo han acusado al Ejecutivo autonómico de socialistas y nacionalistas de falta de respuesta y de prescindir de la colaboración de los ayuntamientos.

El Gobierno bipartido de la Xunta ya se encontró en agosto pasado, nada más tomar posesión, con otra oleada de incendios. Sin tiempo para cambiar los planes, se limitó a aplicar el dispositivo heredado de la época de Manuel Fraga. La campaña terminó con las peores cifras de los 15 años anteriores. El dispositivo de lucha contraincendios organizado por la Xunta actual integra a 4.700 personas, reforzadas con equipos de otras comunidades autónomas que también se incrementarán en los próximos días, anunció Medio Rural.