Más de 6.000 millones en créditos, según Unicaja

Braulio Medel, presidente de Unicaja, analizó ayer en Málaga las posibles implicaciones económicas de la Operación Malaya dentro y fuera de Marbella. "Hay intereses económicos, sociales y empresariales mucho más amplios que los de las personas que directamente se hayan podido ver implicadas en esta operación", apuntó en unas enigmáticas y enrevesadas declaraciones que no quiso aclarar después.

El responsable de la primera entidad financiera andaluza aseguró que en la trama marbellí "se pueden ver o se están viendo implicadas empresas e instituciones que sólo en créditos bancarios podría...

Braulio Medel, presidente de Unicaja, analizó ayer en Málaga las posibles implicaciones económicas de la Operación Malaya dentro y fuera de Marbella. "Hay intereses económicos, sociales y empresariales mucho más amplios que los de las personas que directamente se hayan podido ver implicadas en esta operación", apuntó en unas enigmáticas y enrevesadas declaraciones que no quiso aclarar después.

El responsable de la primera entidad financiera andaluza aseguró que en la trama marbellí "se pueden ver o se están viendo implicadas empresas e instituciones que sólo en créditos bancarios podrían rondar los 6.000 millones de euros". Advirtió de que existe "una implicación económica territorial" más allá de la costa malagueña, "dada la importancia de Marbella".

Medel se refirió a las implicaciones "que pueda haber a través de las empresas que se han visto implicadas en esta operación y que actúan en ámbitos territoriales muy diversos". En la operación judicial han sido detenidos directivos de importantes promotoras y constructoras de Andalucía. Es el caso del grupo inmobiliario malagueño Aifos, la empresa granadina Ávila Rojas o la promotora Arenal 2000, de Córdoba. El juez ha acreditado que 17 empresarios pagaron en los últimos años cerca de 30 millones en comisiones a Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama.

El presidente de Unicaja consideró que "no se deben poner encima de la mesa argumentos de las implicaciones que pueda tener sobre el empleo o la economía determinadas cosas para tapar actuaciones judiciales", pero "tampoco es bueno que las actuaciones judiciales tengan que empeorar, sin que exista una relación directa, la situación económica ni de una zona ni de unas empresas porque hay intereses económicos, sociales y empresariales más amplios que los de las personas que se hayan podido ver implicadas en la operación".