2.000 entidades exigen la aprobación de la Ley de Servicios Sociales

Las 2.000 entidades integradas en la Mesa del Tercer Sector social de Cataluña y todos los sindicatos han reclamado a los grupos parlamentarios "voluntad política" para aprobar en esta legislatura la Ley de Servicios Sociales. Esta normativa, que se tramita por la vía de urgencia, se quedará en el cajón si CiU pide, como ha sugerido, una prórroga del plazo de presentación de enmiendas, que acaba mañana. Ello impediría que se aprobara la próxima semana, en el último pleno de la legislatura.

La Ley de Servicios Sociales, que el tripartito incluyó en el Pacto del Tinell entre sus proyectos...

Las 2.000 entidades integradas en la Mesa del Tercer Sector social de Cataluña y todos los sindicatos han reclamado a los grupos parlamentarios "voluntad política" para aprobar en esta legislatura la Ley de Servicios Sociales. Esta normativa, que se tramita por la vía de urgencia, se quedará en el cajón si CiU pide, como ha sugerido, una prórroga del plazo de presentación de enmiendas, que acaba mañana. Ello impediría que se aprobara la próxima semana, en el último pleno de la legislatura.

La Ley de Servicios Sociales, que el tripartito incluyó en el Pacto del Tinell entre sus proyectos prioritarios, permitiría que a medio plazo unos dos millones de personas dependientes gozaran de unas prestaciones sociales que en la actualidad, al no ser consideradas un derecho universal, sólo benefician a unos 850.000 usuarios. Se trata prestaciones como la atención domiciliaria, las residencias de ancianos, los centros para discapacitados y la atención a menores con riesgo de exclusión social.

Durante la larga gestación de la ley, de casi dos años, la ex consejera de Bienestar Social y Familia Anna Simó consultó a numerosos expertos y entidades sociales, que aportaron sus propuestas. Este sector reclama ahora que el trabajo logrado con un amplio consenso no caiga en saco roto. "Entendemos que el momento es delicado; pero, si hay voluntad política, esta ley tan reclamada puede aprobarse en esta legislatura", dijo ayer Assumpció Vila, presidenta de la Mesa del Tercer Sector, en la que están representadas 22 agrupaciones que suman 2.000 entidades dedicadas a la atención social, como Cáritas y la Fundación Arrels.

La actual consejera de Bienestar, Carme Figueras, ha hecho suya la demanda de las entidades sociales y ha intentado que los grupos parlamentarios se comprometan a no poner obstáculos en la tramitación de la ley.

Figueras sostiene que aún hay tiempo para incluir esta ley en el último pleno del Parlament de esta legislatura, que se celebrará los próximos días 13 y 14 de julio. Pero esto sólo sería "técnicamente posible", según los cálculos de la consejera, si ningún grupo parlamentario pide una prórroga del plazo de presentación de enmiendas, que finaliza mañana.

CiU admitió ayer que "probablemente" pedirá la ampliación de este plazo, ya que, argumentó, "se trata de una ley muy exhaustiva y compleja a la que no se pueden presentar enmiendas de hoy para mañana". El diputado convergente Josep Lluís Cleries recordó que la ley se tramita por la vía de urgencia, por lo que el periodo de enmiendas "es de sólo ocho días, la mitad del tiempo del que se dispone en una tramitación normal". Cleries mantiene que ni ampliando este plazo habría tiempo para aprobar la ley en esta legislatura y destaca: "No se puede responsabilizar a CiU de ello, ya que nosotros no tenemos la culpa de la ruptura del tripartito".

También el PP se mostró ayer dispuesto a pedir una prórroga del periodo de enmiendas si lo ve necesario. "El calendario que nos imponen no va a forzar nuestra actitud. Lo que importa es que se haga una buena ley, aunque no sea para esta legislatura", dijo el portavoz del grupo parlamentario del PP, Francesc Vendrell.

Con la Ley de Servicios Sociales, que complementaría a la ley estatal de la dependencia, se pretende subsanar las limitaciones del actual sistema público de prestaciones, al que sólo tienen acceso las personas con extrema necesidad. Los servicios sociales serán asequibles a quienes lo necesiten, aunque en algunos casos ello requiera un copago, que se establecerá en función de los ingresos del usuario, y no de los de sus familiares como ocurre ahora.

Según la memoria que acompaña el anteproyecto de ley, en un plazo de unos 10 años desde su entrada en vigor se crearían unos 53.000 puestos de trabajo.