En deuda con la realidad
Asombro es la palabra que mejor define la sensación que quien suscribe tuvo al leer el artículo de opinión que, con el título La voluntad en deuda, firmaba Eduardo Madina en estas páginas el pasado día 26 de junio. Uno está acostumbrado a que desde las filas del PSOE se hagan críticas, a menudo destructivas, a la gestión de la izquierda allá donde ésta tiene responsabilidades de gobierno, en este caso, Ezker Batua desde el Gobierno Vasco. Ello es legítimo y forma parte de la dialéctica cotidiana con la oposición, pero sorprende que para ello se hagan consideraciones tan alejadas de la r...
Asombro es la palabra que mejor define la sensación que quien suscribe tuvo al leer el artículo de opinión que, con el título La voluntad en deuda, firmaba Eduardo Madina en estas páginas el pasado día 26 de junio. Uno está acostumbrado a que desde las filas del PSOE se hagan críticas, a menudo destructivas, a la gestión de la izquierda allá donde ésta tiene responsabilidades de gobierno, en este caso, Ezker Batua desde el Gobierno Vasco. Ello es legítimo y forma parte de la dialéctica cotidiana con la oposición, pero sorprende que para ello se hagan consideraciones tan alejadas de la realidad, e incluso se descalifique de forma genérica a una institución como el Parlamento vasco. Es por ello que me parece necesario dar respuesta a algunas de las afirmaciones que en el citado artículo se realizan.
Con carácter general, me permito sugerirle al señor Madina que actualice sus informaciones sobre la cooperación vasca. Y, si fuera posible, que contraste las mismas con las organizaciones sociales comprometidas con la solidaridad, a las que cita pero seguramente no ha escuchado. Porque sólo el desconocimiento puede explicar que diga, por ejemplo, que la ley vasca de Cooperación lleva "parada más de siete meses". Parece que no está al tanto de que el pasado día 25 de abril dicha ley recibió en comisión el respaldo mayoritario del Parlamento vasco, que rechazó las enmiendas de totalidad presentadas por PP y PSE. Con anterioridad y posterioridad a esa fecha, desde el Gobierno se han mantenido numerosas reuniones y contactos con los diversos grupos parlamentarios, entre ellos el del PSE, para explorar nuevos acuerdos en la ponencia. Ésta se reunirá a la vuelta del verano para dar forma al texto definitivo de la ley, y en la que se pueden producir aproximaciones importantes.
A partir de aquí, me parece profundamente injusto y desafortunado hablar de "condena a muerte de la cooperación al desarrollo en el Parlamento vasco". Si el señor Madina quiere explicarnos las supuestas excelencias del Gobierno de Zapatero en cooperación internacional, hágalo, pero no utilice para ello argumentos que no son ciertos y pueden ofender a las instituciones vascas en su labor.
La cooperación vasca tiene como piedra angular en todas sus actuaciones el principio de solidaridad desinteresada y la ausencia de retorno, tal y como va a consagrar nuestra ley de Cooperación. Sería deseable que en la cooperación española existiera esa misma voluntad, pero ello no se demuestra con una simple reforma de los créditos llamados Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD). En 2006, el Gobierno central va a destinar 180 millones de euros a estos créditos FAD, que no son otra cosa que ayudas a la implantación de las empresas españolas en los países empobrecidos. Un cooperación al desarrollo, no ya progresista, sino mínimamente creíble, debería desterrar este tipo de prácticas de pseudo-cooperación y destinar esos recursos a verdadera solidaridad. No es algo tan difícil ni insólito, ya que, sin ir más lejos, en el Gobierno vasco la totalidad de la ayuda oficial al desarrollo es no reembolsable.
Y ya que hablamos de la política española de cooperación, pienso que, más allá de ésta, debe ser la política internacional en su conjunto la que apueste por el desarrollo y por un orden internacional basado en la justicia. Y aquí es donde las sombras del Gobierno del PSOE son más graves y preocupantes. Porque, por ejemplo, sigue legitimando la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, con lo que ello supone de vulneración del derecho internacional y de condenar al pueblo saharaui a padecer el exilio o la represión de un régimen tiránico. O porque, en el caso de Bolivia, da preferencia a los intereses de las multinacionales frente al legítimo derecho del pueblo boliviano a controlar sus recursos naturales y utilizarlos para salir de la pobreza extrema en que vive su gente. O porque, respecto de un continente tan castigado como África, opta por condicionar las ayudas de cooperación a la firma de acuerdos de repatriación de inmigrantes y blindar las fronteras ante la miseria de nuestros vecinos, en la que Europa tiene tanta responsabilidad.
La deuda externa es una tremenda losa que pesa sobre los países del Sur, y su cancelación resulta una necesidad para el desarrollo de los mismos. Pero existen otro tipo de deudas, señor Madina, esta vez contraídas por el Estado español con los pueblos empobrecidos. Deudas que, por desgracia, el Gobierno del PSOE parece no tener voluntad alguna de pagar.
Igor Irigoyen es director de Cooperación al Desarrollo del Gobierno vasco.