Roca repartía entre los ediles de Marbella las comisiones de los constructores
El 'cerebro' de la trama "controla absolutamente" el Ayuntamiento, según el auto del juez
El juez Miguel Ángel Torres, que instruye la Operación Malaya en Marbella, señala en un auto que Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción municipal, concertaba los convenios urbanísticos y recibía por ello "importantes cantidades de dinero" que posteriormente repartía entre los concejales de la corporación municipal hoy disuelta. "El propio Roca procedía a repartir con los concejales las cantidades previamente recibidas del empresario favorecido", indica la resolución, fechada el pasado lunes y que califica a Roca como "alcalde de hecho" de Marbella.
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El juez Miguel Ángel Torres, que instruye la Operación Malaya en Marbella, señala en un auto que Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción municipal, concertaba los convenios urbanísticos y recibía por ello "importantes cantidades de dinero" que posteriormente repartía entre los concejales de la corporación municipal hoy disuelta. "El propio Roca procedía a repartir con los concejales las cantidades previamente recibidas del empresario favorecido", indica la resolución, fechada el pasado lunes y que califica a Roca como "alcalde de hecho" de Marbella.
En la orden judicial, dictada para autorizar la entrada y registro del domicilio del ex edil del Partido Andalucista Carlos Fernández, sobre el que pesa una orden de detención, Miguel Ángel Torres detalla las condiciones impuestas por Roca a los promotores y constructores de la Costa del Sol y de toda España para poder construir en Marbella: "A Roca se dirigen los promotores, que conciertan con él los convenios y al que pagan importantes cantidades de dinero, al igual que ocurre para la concesión de licencias de obra, de primera ocupación, o simplemente para que no se paralicen algunas obras ilegales", relata el magistrado. El auto aclara asimismo que Roca tomaba estas decisiones, y que los concejales "se limitaban a votar según sus directrices".
El juez Torres hace referencia en su resolución a los documentos encontrados por la policía en la empresa Mara Asesores, donde Roca mantenía un despacho a pesar de no figurar en el organigrama. En estos papeles constan las cantidades recibidas por Roca, así como los montantes que éste entregaba luego a cada uno de los concejales, "unidas a los convenios y licencias concedidas y a la comprobación del destino realizado por el propio Roca".
Juan Antonio Roca era un asesor urbanístico meticuloso que especificaba con precisión de contable tanto los pagos recibidos por los empresarios como los abonos a los concejales, ocho de los cuales ya han ingresado en prisión desde que se desencadenó la Operación Malaya, el pasado 29 de marzo.
La red político-urbanística diseñada por Roca para Marbella le reservaba el privilegiado papel de correa de transmisión fundamental entre las comisiones que los constructores abonaban y los cobros acordados con los concejales para aprobar en los plenos municipales las licencias urbanísticas necesarias para el avance de la construcción en Marbella.
"Alcalde de hecho"
En la argumentación del auto, el juez Torres insiste en que Roca "es el alcalde de hecho y que controla absolutamente el Ayuntamiento de Marbella". Además, apunta a que un informe de la Sección de Delincuencia Económica de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) del Cuerpo Nacional de Policía "pone de manifiesto con rotundidad una patente situación de corrupción generalizada en el Ayuntamiento prolongada en el tiempo".
El juez añade que "el modelo de ciudad, de desarrollo urbanístico, aparece condicionado no por los intereses generales, sino por los deseos de los promotores". El perjuicio social causado por la red de corrupción municipal es destacado de manera prolija por el juez Torres, que detalla la responsabilidad social que los concejales de la corporación eludieron casi sin excepción. El auto señala que "la compleja estructura creada para lograr los fines ilícitos y la trascendencia social del delito de cohecho es especialmente reprochable, genera la mayor repulsa social y causa evidentes perjuicios a los habitantes de Marbella, perjuicios irreparables".
El magistrado resulta demoledor y muy explícito en sus conclusiones, e implica en el cobro de comisiones a otros altos cargos municipales, además de los concejales: "El señor Roca, los concejales y otras personas de relevancia en el Ayuntamiento destinan la mayor parte de estas cantidades a sus negocios privados, sus aficiones, y en general, sus gastos e inversiones", aclara.
El inmenso poder que detentó Roca en Marbella desde 1991 hasta su detención, el 29 de marzo, quedó también reflejado en su propio auto de prisión, redactado dos días más tarde. En él, Miguel Ángel Torres lo representa como la "persona que dirige y controla totalmente las decisiones municipales, por encima de la alcaldesa, que ocupa (...) un papel más simbólico que real". La fortuna de Roca, puesta a nombre de varios testaferros, asciende, según la policía, a unos 2.400 millones de euros.