La ley de Suelo sigue adelante al no admitir la Comisión Arbitral el recurso de Álava

La Comisión Arbitral decidió ayer no admitir a trámite la cuestión de competencia planteada por la Diputación de Álava contra el proyecto de ley de Suelo, con lo que queda despejado el camino para que se apruebe en el pleno que el Parlamento celebrará mañana. La Comisión Arbitral no acepta el recurso por una cuestión de plazos, es decir, porque la Diputación no planteó la cuestión de competencia en el tiempo que establece la ley. Este margen es de 20 días una vez que el proyecto ha sido publicado en el Boletín Oficial del Parlamento vasco.

La Comisión no ha entrado a interpretar si el p...

La Comisión Arbitral decidió ayer no admitir a trámite la cuestión de competencia planteada por la Diputación de Álava contra el proyecto de ley de Suelo, con lo que queda despejado el camino para que se apruebe en el pleno que el Parlamento celebrará mañana. La Comisión Arbitral no acepta el recurso por una cuestión de plazos, es decir, porque la Diputación no planteó la cuestión de competencia en el tiempo que establece la ley. Este margen es de 20 días una vez que el proyecto ha sido publicado en el Boletín Oficial del Parlamento vasco.

La Comisión no ha entrado a interpretar si el proyecto vulnera o no las competencias de las diputaciones, tal y como asegura el Gobierno foral de Álava, y se ha limitado a zanjar la cuestión diciendo que el recurso llega fuera de plazo.

El Gobierno vasco aprobó el proyecto original en septiembre y remitió el texto al Parlamento ese mismo mes. La Mesa de la Cámara lo admitió a trámite el día 20 de septiembre y apareció publicado en su boletín el 22 de ese mismo mes. Sin embargo, la Diputación alavesa, presidida por el PP, presentó el recurso el pasado viernes, nueve meses después de la publicación y apenas una semana antes de ser aprobado de manera definitiva por el Parlamento. ¿Por qué planteó tan tarde la Diputación el recurso? Pues porque el proyecto original aprobado por el Gobierno no vulneraba, a juicio del Ejecutivo foral, sus competencias. Y ha sido después, a lo largo del trámite parlamentario, cuando se han ido incorporando las modificaciones y retoques que han recortado las atribuciones de las diputaciones en materia de urbanismo.

Los cambios a los que se refiere la Diputación de Álava guardan relación con el hecho de que los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes puedan aprobar sus planeamientos urbanísticos sin que lo autoricen las diputaciones.

La ley que regula el funcionamiento de la Comisión Arbitral es tajante en cuanto a los plazos, aseguró el presidente de este organismo, que a su vez también es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Fernando Luis Ruiz Piñeiro. "En el momento de tramitación en el que se encuentra el proyecto no se puede plantear una cuestión de competencia", zanjó. En la actualidad, el proyecto ya ha sido aprobado por la comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo y sólo está a la espera de superar el trámite del pleno del próximo viernes, donde tiene asegurados los votos necesarios para salir adelante.

"Cuando hemos podido"

La polémica se suscita por esas variaciones introducidas durante los meses de debate en la Cámara y que, según la Diputación alavesa, la han dejado indefensa ya que nadie le ha consultado. Ha quedado al margen, al igual que los otros dos gobiernos forales de Vizcaya y de Guipúzcoa.

La diferencia es que estos dos están gobernados por el PNV y la presión ejercida por el partido, socio de Ezker Batua -que dirige el Departamento de Vivienda en el Gobierno vasco-, les ha hecho desistir de la presentación del recurso que ya habían anunciado. "Hemos presentado la cuestión de competencia cuando no nos ha quedado más remedio, cuando hemos podido hacerlo. No hemos tenido conocimiento del recorte de competencias hasta que no se ha aprobado el dictamen de la ponencia en la comisión de Urbanismo del Parlamento, algo que ocurrió hace dos semanas", alegan desde la Diputación de Álava.

Sobre la existencia de un vacío legal dentro de la ley que regula la Comisión Arbitral al no prever que un proyecto pueda ser modificado en su tramitación y vulnerar así las competencias de otras instituciones, Ruiz Piñeiro reiteró que se ha tomado la decisión ajustándose a la letra de la norma que regula las funciones de este organismo. "La Ley de la Comisión Arbitral no regula expresamente este supuesto [vulnerar competencias durante la tramitación] y entendemos que no podemos suplir esa falta de regulación expresa por una decisión extensiva de la ley. La ley es clara y creemos que no procede el recurso".

En un último intento de forzar la situación, el Partido Popular anuncia para hoy la presentación de una iniciativa ante la Mesa del Parlamento para que reconsidere la conveniencia de que el pleno de mañana no debate sobre el proyecto de ley de Suelo. Se trata de un intento in extremis y sin posibilidades de prosperar tras la decisión de la Comisión Arbitral.