El proceso judicial a ETA

Con ETA ni hablar

Amanece el día en que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene previsto comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de su decisión de iniciar conversaciones con la banda etarra en aras de lograr el final dialogado de la violencia terrorista. Esta comparecencia previa estaba comprometida desde el debate sobre el estado de la nación de mayo de 2005 y quería ser una nota distintiva frente a otros intentos anteriores, incluido el llevado a cabo por el anterior presidente, el popular José María Aznar en 1999. El anuncio, que ha venido goteand...

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Amanece el día en que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene previsto comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de su decisión de iniciar conversaciones con la banda etarra en aras de lograr el final dialogado de la violencia terrorista. Esta comparecencia previa estaba comprometida desde el debate sobre el estado de la nación de mayo de 2005 y quería ser una nota distintiva frente a otros intentos anteriores, incluido el llevado a cabo por el anterior presidente, el popular José María Aznar en 1999. El anuncio, que ha venido goteando por los medios de comunicación, se ha pospuesto a la verificación satisfactoria del llamado alto el fuego establecido por ETA hace ya tres meses.

Claro que también cabe señalar otra diferencia. Porque en las ocasiones anteriores el Gobierno de turno, a quien corresponde en cada caso la dirección de la lucha antiterrorista, ha contado siempre con el respaldo de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, mientras que ahora el PP, principal partido de la oposición, se ha instalado en el bloqueo. Dicen que con ETA ni hablar y extienden el veto a Batasuna como segunda marca de la banda. Su líder, Mariano Rajoy, secundado o precedido por la guardia pretoriana de Acebes y Zaplana, parece dispuesto a impedir a todo trance las anunciadas conversaciones y si finalmente se llegaran a producirse les veremos lanzarse a la impugnación de cualquier resultado que se obtuviera. O sea, que vuelve la ley del embudo. Lo que el PP puede permitirse a los demás les está vedado.

Enseguida Pedro José desde el mundo mundial y Federico Jiménez Losantos a los mandos de los micrófonos episcopales emprenden el juicio de intenciones y descalifican el intento de diálogo del Gobierno socialista. En su opinión, se trata del pago debido a ETA por los servicios prestados el 11-M, cuando en combinación con los islamistas radicales la banda produjo los atentados ferroviarios, catástrofe mortífera de la que vino a derivar la derrota del PP y el acceso ensangrentado al poder de José Luis Rodríguez Zapatero. La última versión de semejante historia puede consultarse en la homilía del pasado domingo bajo la firma autorizada del periodista que más tiempo departe en Moncloa, donde últimos viajeros llegados de aquel palacete aseguran que pasó hace ocho días más de cuatro horas en activo coloquio.

Volvamos a la cuestión para recordar que desde el Pacto de Ajuria Enea en adelante siempre ha habido una referencia al final dialogado de la violencia terrorista. Pero los intentos de ese proceder se remontan más atrás, hasta la época del presidente Leopoldo Calvo-Sotelo, cuando su ministro del Interior, el indudable Juan José Rosón, acordaba los términos de la disolución de ETA político-militar en unas negociaciones que contaron por la otra parte con Juan María Bandrés y Mario Onaindía. Entonces se aplicaron, consentidas por todos, algunas audaces medidas de reinserción tanto en el ámbito penitenciario como en el político. Así apareció Euskadiko Ezkerra para competir dentro de la legalidad democrática por el voto de los vascos.

Luego vendrían las conversaciones de Argel en 1989 con el Gobierno de Felipe González y más tarde las sostenidas en Suiza por los emisarios del presidente Aznar, con el obispo Uriarte entremedias, mencionadas al principio de estas líneas. Fueron dos ocasiones preparadas por ETA con un ejercicio de acumulación de fuerzas, es decir, sumando cadáveres como elemento de convicción para ablandar a sus interlocutores. Desde entonces ha cambiado el ambiente. Después del 11-S y del 11-M nada es igual para los terroristas. El lehendakari, Juan José Ibarretxe, dijo el 16 de abril, día del Aberri Eguna, que el pueblo vasco no toleraría a la banda más muertes. Es decir, que hay un progreso moral que celebrar en Euskadi. Se acabó el tiempo de las pompas fúnebres y ni el entrenamiento ni el amunicionamiento de los etarras, ni su recluta, es imaginable extinguidas las facilidades y los consentimientos anteriores.

Otra cosa es que, como reconocía el embajador norteamericano en Bagdad, haya que buscar salida a quienes acepten desistir de la violencia, y que hacerlo sea desagradable y moralmente discutible, pero así acaban por lo general estos conflictos.

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