El voto: la asignatura pendiente

El nuevo Estatuto determina que la Generalitat asumirá las funciones de acogida de personas inmigrantes, tramitará y resolverá los premisos de trabajo y participará en las decisiones estatales sobre los contingentes. El Estatuto define como ciudadanos de Cataluña a "los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña", a los que concede el derecho a votar y a presentarse como candidatos. Los derechos civiles, sociales, administrativos y lingüísticos corresponden a "todas las personas".

Alejandro Erazo, portavoz de la Coordinadora de Entidades de Inmigrantes de Catalu...

El nuevo Estatuto determina que la Generalitat asumirá las funciones de acogida de personas inmigrantes, tramitará y resolverá los premisos de trabajo y participará en las decisiones estatales sobre los contingentes. El Estatuto define como ciudadanos de Cataluña a "los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña", a los que concede el derecho a votar y a presentarse como candidatos. Los derechos civiles, sociales, administrativos y lingüísticos corresponden a "todas las personas".

Alejandro Erazo, portavoz de la Coordinadora de Entidades de Inmigrantes de Cataluña, compuesta por 19 entidades, votaría sí al nuevo Estatuto, por considerar que "con pequeños avances se van logrando objetivos". Erazo, que es también vicepresidente de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña y coordinador de inmigración de ICV, destaca como puntos positivos la asunción de competencias por parte de la Generalitat y el laicismo. Considera, sin embargo, que desde el punto de vista de los derechos de la población inmigrada el Estatuto es "insuficiente", sobre todo en lo que se refiere al concepto de ciudadanía y al derecho al voto. "Que la población inmigrada esté excluida de ser partícipe me parece una falta de democracia absoluta", argumenta, aludiendo al referéndum. El reconocimiento del derecho de las personas a elegir y ser elegido en los comicios municipales, autonómicos y consultas populares fue una de las propuestas presentada por la citada coordinadora ante la ponencia redactora del Estatuto, en 2004.

En Bélgica, Holanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca, los extranjeros extracomunitarios tienen derecho a votar en las elecciones municipales, en algunos casos a partir de los dos o cinco años de residencia. En España, esto implicaría un cambio en la Constitución. Para Erazo, la exclusión de la petición del texto se explica no solamente por los límites constitucionales, sino también por la falta de voluntad política. El portavoz de la coordinadora considera que el "reconocimiento de la necesidad" de cambiar esta situación podría haber merecido una mención en el preámbulo.

Camal Benbrahim, de la Associació de Treballadors Marroquins a Catalunya (Atimca), destaca la importancia de la agilización de la resolución de papeles. Apoya la asunción de esta competencia por parte de la Generalitat, pero se niega a ofrecer una opinión sobre el Estatuto: "Tenemos voz, bien, pero ¿quién la escucha si no tenemos derecho a votar?".

Javed Ilyas, presidente de la Associació de Treballadors Pakistanesos, comenta el desconcierto inicial de algunos de sus compatriotas respecto al tema. "Me preguntaban '¿por qué se rompe España?' y '¿qué es el Estatuto?". Debido a la mayor comprensión del castellano, los asiáticos prefieren los canales de televisión estatales a los autonómicos, por lo que, según explica, están más expuestos a los argumentos en contra. Por otra parte, la "mentalidad centralista" de los paquistaníes contribuye a que la mayoría no lo vea "con buenos ojos". Ilyas declara que votaría sí en el referéndum porque "después de 25 años Cataluña ha ganado algo" y para evitar "más problemas políticos".

Ghassan Saliba, responsable de la secretaría de Inmigración de CC OO, observa en el Estatuto un "avance muy importante" en la atribución de derechos sociales a todas las personas. Considera, sin embargo, que el concepto de "acogida" debería estar definido en el Estatuto. Y recuerda que el Plan de Ciudadanía e Inmigración, aprobado en 2005, asumía un concepto de ciudadanía vinculado a la residencia.