Bruselas multa con 344 millones a cuatro fabricantes de plexiglás
Las compañías pactaron subidas ilegales y secretas de precios
La Comisión Europea acordó ayer multar con 344 millones de euros a cuatro fabricantes de vidrio acrílico (plexiglás) por impedir la competencia al pactar subidas ilegales y secretas de los precios. Las empresas sancionadas son Arkema, Lucite, ICI y Quinn Barlo. La multa a Arkema, filial de Elf Aquitaine y Total, de 219 millones de euros, es la cuarta más elevada de las impuestas por la Comisión Europea.
Arkema e ICI sufrieron un incremento del 50% de la multa por tratarse de empresas reincidentes en este tipo de prácticas ilegales. El vidrio acrílico es ampliamente utilizado en la indus...
La Comisión Europea acordó ayer multar con 344 millones de euros a cuatro fabricantes de vidrio acrílico (plexiglás) por impedir la competencia al pactar subidas ilegales y secretas de los precios. Las empresas sancionadas son Arkema, Lucite, ICI y Quinn Barlo. La multa a Arkema, filial de Elf Aquitaine y Total, de 219 millones de euros, es la cuarta más elevada de las impuestas por la Comisión Europea.
Arkema e ICI sufrieron un incremento del 50% de la multa por tratarse de empresas reincidentes en este tipo de prácticas ilegales. El vidrio acrílico es ampliamente utilizado en la industria del automóvil, la fabricación de DVD, lentillas, electrónica, bañeras y duchas.
Degussa, otra de las sociedades investigadas, habría sufrido una multa aún mayor, de 264 millones de euros, pero ha disfrutado de una reducción del 100% "por las importantes informaciones aportadas que han permitido descubrir el fraude", según indicó la Comisión. Bruselas considera que estas prácticas constituyen una violación expresa de las reglas de competencia del Tratado.
La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, manifestó que "los carteles son una plaga". "Haré todo lo necesario", añadió, "para que las empresas que incurran en estas prácticas sean detectadas y sancionadas". La comisaria manifestó que estaba "escandalizada" al constatar que había tenido que multar de nuevo a sociedades reincidentes en estas prácticas como ICI y Arkema. Kroes expresó su convicción de que "estas sanciones harían el efecto de una ducha de agua fría sobre la dirección y los accionistas de todas estas compañías que deberían comprender que los carteles no deberían existir y no serán tolerados".
Los carteles son acuerdos secretos e ilegales pactados entre varios competidores para fijar los precios, restringir la oferta y dividir los mercados. Este tipo de acuerdos pueden desarrollarse de varias formas, pero las más frecuentes son las subidas de precios, las restricciones de ventas o la limitación de las capacidades de producción. Los carteles perjudican directamente a los consumidores, a las empresas y a la economía en general, al reducir el nivel de eficiencia.
Las empresas sancionadas se pusieron de acuerdo sobre las subidas de precio del vidrio acrílico e intercambiaron importantes informaciones confidenciales sobre sus planes comerciales en el espacio económico europeo entre 1997 y 2002. Los funcionarios de la Competencia han recabado pruebas con las notas manuscritas de los representantes de las empresas afectadas que se reunieron en una habitación de un hotel en Dublín en 1999. En el encuentro coordinaron subidas de precios en Europa para el vidrio acrílico (polimetil-metilcrilato, PMMA) a partir de enero de 2000. La subida de precios debería ser anunciada durante el mes de noviembre anterior. Posteriormente, decidieron que Autofina (nombre anterior de Arkema) aplicaría el alza en Francia, Italia y el Benelux al mismo tiempo. ICI lo haría en el Reino Unido y en Italia, y Degussa, en Alemania e Italia.
En un posterior encuentro mantenido en un hotel de Alemania en agosto de 2000, las citadas empresas acordaron un alza coordinada de precios para noviembre de aquel año. Después de analizar las informaciones de sus respectivos precios, los concurrentes acordaron subir 0,10 euros el kilo de material de PMMA y examinaron también los costes que debían facturar para los servicios suplementarios.
El portavoz de Competencia, Jonathan Todd, admitió que entre las empresas investigadas también se encontraba Repsol, pero que, una vez efectuadas las comprobaciones necesarias, se demostró que "esta empresa era inocente y se consideró que no era culpable de violar las reglas de competencia". Todd precisó que esto demuestra que "el derecho a la defensa existe".