EU exige que el Gobierno inste a anticorrupción a investigar el Ayuntamiento de Oropesa
La diputada de Esquerra Unida-Izquierda Unida, Isaura Navarro, presentó ayer una iniciativa parlamentaria, en la que exige al Gobierno que inste a la Fiscalía Anticorrupción a actuar en el Ayuntamiento de Oropesa, con el fin de aclarar "hasta qué punto las dudosas actuaciones de sus concejales pueden estar suponiendo un caso de corrupción", según indicó la propia diputada. En su resumen de hechos, la parlamentaria ha puesto especial énfasis en los negocios del concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat (PP), y en su relación con el empresario Jesús Ger, presidente del Grupo Marina d'Or, que desarro...
La diputada de Esquerra Unida-Izquierda Unida, Isaura Navarro, presentó ayer una iniciativa parlamentaria, en la que exige al Gobierno que inste a la Fiscalía Anticorrupción a actuar en el Ayuntamiento de Oropesa, con el fin de aclarar "hasta qué punto las dudosas actuaciones de sus concejales pueden estar suponiendo un caso de corrupción", según indicó la propia diputada. En su resumen de hechos, la parlamentaria ha puesto especial énfasis en los negocios del concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat (PP), y en su relación con el empresario Jesús Ger, presidente del Grupo Marina d'Or, que desarrolla en el municipio un complejo vacacional.
En su iniciativa, la parlamentaria indica que "la espectacularidad y trascendencia pública que ha alcanzado la corrupción urbanística del caso Marbella posiblemente ensombrezca a otras marbellas en potencia, donde la falta de reacción ante los abusos urbanísticos, los negocios ilícitos de les representantes públicos, la irregularidades en adjudicaciones y permisos de obras, y un largo etcétera, las convierten en germen de corrupción, que de no actuar a tiempo, pueden llegar a las dimensiones de lo acontecido en Marbella". Tal como indica la diputada, el caso concreto de Oropesa merece especial atención ya que "la mayoría de concejales al parecer son al mismo tiempo agentes inmobiliarios o constructores-urbanizadores". Así, en el relato de hechos sobre los que basa su petición de que intervenga Anticorrupción señala la venta de terrenos que el concejal de Urbanismo realizó el grupo Marina d'Or. La compra venta incluye una cláusula que condiciona la operación urbanística a la recalificación del suelo y, dado que no se ha producido, según el documento, el comprador, el grupo Marina d'Or, podría reclamar a Fabregat las cantidades pagadas por el suelo, que ascienden a un total de 567.905 euros. El concejal había comprado las parcelas, antes de ser elegido edil por 75.125 euros, con lo que obtuvo un beneficio de 492.000 euros. Además, el edil popular afirmó que había pagado parte de una de ellas "con dinero negro".