Gobierno en suspenso
Hoy se decide si la reforma del Estatuto termina su accidentado proceso de elaboración y negociación en el Parlament y en las Cortes Generales para afrontar el veredicto final ante el electorado catalán el próximo 18 de junio. Ojalá sea así, porque todo es posible ante la irracionalidad política que ha caracterizado tantas fases de este tortuoso proceso. A pesar de los derrotistas, estamos ante el mejor Estatuto posible, mucho mejor que el Estatuto vigente, de 1979, y ante la oportunidad de abrir una nueva etapa de desarrollo autonomista del Estado. Es menos de lo que muchos hubiéramos deseado...
Hoy se decide si la reforma del Estatuto termina su accidentado proceso de elaboración y negociación en el Parlament y en las Cortes Generales para afrontar el veredicto final ante el electorado catalán el próximo 18 de junio. Ojalá sea así, porque todo es posible ante la irracionalidad política que ha caracterizado tantas fases de este tortuoso proceso. A pesar de los derrotistas, estamos ante el mejor Estatuto posible, mucho mejor que el Estatuto vigente, de 1979, y ante la oportunidad de abrir una nueva etapa de desarrollo autonomista del Estado. Es menos de lo que muchos hubiéramos deseado, pero más de lo que merecen las fuerzas políticas del catalanismo si se hace balance de su actuación, especialmente desde julio de 2005. Sólo se salva ICV, que, de tan responsable, le ha quedado imagen de docilidad.
Hay que aceptar que cuando las cosas no salen como deben, el primer responsable es el Gobierno. Se podrían dar varios ejemplos de su comportamiento ilógico, sólo me referiré a dos entre los más recientes: ¿tiene sentido que el presidente de la Generalitat diga que este Estatuto es el mejor de Europa y que representa un paso de gigante y, al mismo tiempo, el consejero de Gobernación diga que es una tomadura de pelo? En lo único que coinciden es en la exageración. ¿Hay alguna coherencia entre la afirmación tajante de Pasqual Maragall al decir el pasado lunes en el Parlament que no tolerará la más mínima acción que ponga en entredicho la posición del Gobierno de la Generalitat a favor del sí al Estatuto y, a continuación, oír de boca de Joan Ridao que este Gobierno tiene dos posiciones antagónicas ante el Estatuto, la del sí y la del no, y que las dos le incumben y representan? Lo mejor que se puede decir del Gobierno tripartito en el día de hoy es que está en suspenso.
Muchos temíamos este desenlace, especialmente desde que ERC comenzó el vaivén del voto crítico y contrario al Estatuto, pero nos resistíamos a reconocerlo. Quizá somos responsables de una mal entendida prudencia. Hobbes escribió en el capítulo 3 de Leviatán una de las mejores definiciones de ésta: "La prudencia es una presunción del futuro adquirida por la experiencia del pasado". La presunción de futuro ante el comportamiento de ERC desde hace meses, y especialmente desde el día de la pirueta Zapatero-Mas, es que votaría en contra del Estatuto. Es más, hace tiempo que se está cultivando un pesimismo o ley de Murphy en todo el proceso estatutario que descubre un catalanismo que tampoco figuraba en los anales de su historia, incluidos los tiempos más difíciles de la guerra: el catalanismo masoquista. Cuando se produjo la tremebunda reacción del españolismo frente al texto aprobado el 30 de septiembre por el Parlament, alguien sembró la semilla de si nos habíamos equivocado, de si había valido la pena la iniciativa de la reforma al comprobar la virulenta reacción que provocaba, que anunciaba un serio recorte de lo aprobado por el 90% de los parlamentarios catalanes. Cuando el recorte se concretó en el Estatuto finalmente aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, el pasado 30 de marzo, este catalanismo masoquista siguió su andadura con la sentencia siguiente: para este viaje nos quedamos como estamos. Increíble, pero cierto. Irracional, pero verdadero. Sinceramente, no lo comprendo ni lo comparto. Nunca aprobaré el principio político de cuanto peor, mejor.
No sorprende que Heribert Barrera tenga estas actitudes, porque forman parte de su biografía perturbadora, ya que colaboró con el pujolismo cuando le convenía y después ejerce de nacionalista en estado puro. Pero tenía otra opinión de la actual dirección de ERC. Creía en su participación protagonista para sentar las bases de una nueva época del catalanismo, basada en la hegemonía, la colaboración y el respeto al pluralismo de las izquierdas catalanas. El no al Estatuto es un mazazo contra este objetivo hacia un catalanismo federalista y republicano. La ERC de Carod Rovira y Puigcercós se parece más al Estat Català del coronel Macià que a la ERC del presidente Macià. Y no me cabe la menor duda sobre el asombro y estupefacción que sentirían Carles Pi Sunyer y Josep Tarradellas, probablemente los políticos de ERC de mayor calidad y profesionalidad durante el periodo republicano, ante la peculiar forma de hacer política de esta ERC. Lo que produce mayor estupor no es la opción por el no, sino la forma como se ha ido imponiendo. Es como si la dirección de ERC jugara al ajedrez de la política pensando sólo en la jugada inmediata y no en las siguientes. Porque si además las piensa, la cuestión es todavía más preocupante. ERC no ha dado ninguna lección de democracia interna, ni de democracia directa (no han decidido mediante referéndum interno), sino que simplemente ha ejercido un asambleísmo autoritario y demagógico. Las bases se pueden instrumentalizar. Y no es ninguna aberración decir que los aparatos controlan los partidos, incluidos los asamblearios.
En algun momento se pudo pensar en la posibilidad de que el Gobierno tripartito tuviera que afrontar posiciones distintas ante el Estatuto sin pagarlo con su propia estabilidad política, pero este momento ya ha pasado. Y en el caso de que se hubiera hecho cuando podía tener alguna justificación -es decir, a priori y no a posteriori de la decisión de ERC-, también sería muy complicada su justificación. Basta una razón: el Estatuto es la norma institucional básica de Cataluña, después de la Constitución; es una ley de leyes. Su importancia y trascendencia exigen un consenso lo más amplio posible, lo que equivale a que nadie puede imponer su razón. Un Gobierno que no es capaz ni de consensuar entre sus socios una ley tan fundamental es un Gobierno que no tiene otra salida que la convocatoria de elecciones anticipadas.
Miquel Caminal es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona
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