La Cámara vasca pide al Gobierno que el fiscal deje de acusar en el macrojuicio de ETA

El Parlamento vasco acordó ayer instar al Gobierno a que ordene al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que retire la acusación pública en el macrosumario 18/98, que juzga a medio centenar de miembros de organismos presuntamente relacionados con ETA. El Gobierno de Euskadi equiparó su petición con la exigencia a ETA de pruebas de que su alto el fuego es definitivo. El PSE sostuvo que no se avanza hacia el fin del terrorismo entorpeciendo o inmiscuyéndose en la acción de la justicia ni cambiando "paz por democracia". "El Estado de derecho no está de vacaciones", dijo su portavoz....

El Parlamento vasco acordó ayer instar al Gobierno a que ordene al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que retire la acusación pública en el macrosumario 18/98, que juzga a medio centenar de miembros de organismos presuntamente relacionados con ETA. El Gobierno de Euskadi equiparó su petición con la exigencia a ETA de pruebas de que su alto el fuego es definitivo. El PSE sostuvo que no se avanza hacia el fin del terrorismo entorpeciendo o inmiscuyéndose en la acción de la justicia ni cambiando "paz por democracia". "El Estado de derecho no está de vacaciones", dijo su portavoz.

La iniciativa fue aprobada gracias a la ausencia de un parlamentario socialista y otro del PP. Había sido presentada por Aralar, el grupo escindido de Batasuna que cuenta con una sola representante en la Cámara, pero los grupos del Gobierno tripartito (PNV, EA y EB) pactaron un texto alternativo en el que se afirma, además, que ese "macroproceso" es un obstáculo que impide "la resolución del conflicto entre Euskadi y España". Mientras el tripartito reclamaba esa actuación como "un gesto" del Gobierno, el portavoz socialista, José Antonio Pastor, advirtió de que no habrá cambio de "paz por democracia". Más aún, afirmó, "la paz conlleva la reafirmación y el reforzamiento de las leyes".

El portavoz del PNV, José Antonio Rubalkaba, había pedido que, lo mismo que se exige a ETA que pruebe que su alto el fuego es definitivo, desde el Gobierno se pida al fiscal general esta retirada. Pastor rechazó la "equidistancia imposible" de ese argumento, "que obligaría por igual a ETA y al Gobierno a dar pasos, en un toma y daca, en el que unos tienen el detallazo de dejar de matar", ironizó, "a cambio de que otros dejen en suspenso la legalidad democrática". "Por ahí los socialistas no pasamos", recalcó.

"Propaganda" pagada

La situación en minoría del Gabinete de Ibarretxe en el Parlamento -el tripartito suma 32 escaños, a seis de la mayoría absoluta- le supuso ayer dos nuevas derrotas. La más trascendental ordena al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, por iniciativa del PSE-EE, que audite todos los gastos ocasionados en los presupuestos públicos por la elaboración y difusión del plan Ibarretxe y que realice un análisis de legalidad sobre él. La oposición estima que sólo está justificado el cargo a las arcas públicas del gasto ocasionado por el plan Ibarretxe entre el 30 de diciembre de 2004, cuando se aprobó en el Parlamento vasco, y el 1 de febrero siguiente, cuando se debatió y rechazó en el Congreso. El resto, señalaron tanto el PSE como el PP, fue "propaganda del programa electoral" del PNV y EA, pagada por todos los ciudadanos.

El PSE quiere tener también, aunque sea a toro pasado, un informe de legalidad del proyecto, que Ibarretxe eludió al llevarlo a la Cámara vasca.

El acuerdo supone, además, un varapalo al propio Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), que rechazó realizar ese estudio, junto a otros también pedidos por la oposición. El tribunal los sacó de su programa de trabajo para este año, pese a que le habían sido solicitados por unanimidad por la comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de la Cámara, comisionada por la Mesa del Parlamento para señalar la tarea anual del TVCP.

Esta victoria del PSE, con el apoyo del PP, la propició, como la del Gobierno vasco sobre el sumario 18/98, la ausencia de otro diputado, esta vez del PNV.

La otra derrota del Ejecutivo fue una iniciativa del PP, que secundaron todos los demás grupos de la oposición, incluidos los abertzales de EHAK, para instar al Gobierno a llevar a la Cámara un plan sociosanitario que no desea someter a debate parlamentario.

[Uno de los 55 encausados en el macrosumario 18/98, José Ramón Aranguren, vicepresidente de la editora de Egin, sufrió un infarto severo y dos intervenciones quirúrgicas mientras pasaba unas vacaciones en Tenerife, donde sigue hospitalizado. El miércoles declaran como testigos, entre otros, la cúpula de ETA hasta 1992, compuesta por Francisco Múgica Garmendia, Paquito; José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y José Arregui Erostarbe, Fiti].