Especialistas en corrupción
12 jueces de Málaga reciben cursos de formación para ampliar la persecución de los delitos urbanísticos y económicos
La Operación Ballena Blanca, la más ambiciosa realizada hasta el momento contra el blanqueo de dinero, dejó constancia hace un año de que la Costa del Sol se ha convertido en un lugar predilecto para las mafias, porque el gran desarrollo urbanístico les brinda una buena oportunidad de invertir en negocios legales el dinero que obtienen con sus actividades delictivas, especialmente el tráfico de droga.
El boom inmobiliario oculta además numerosas irregularidades urbanísticas como las que están emergiendo en Marbella. Los 15 años de gobiernos del GIL han dejado una herencia judicia...
La Operación Ballena Blanca, la más ambiciosa realizada hasta el momento contra el blanqueo de dinero, dejó constancia hace un año de que la Costa del Sol se ha convertido en un lugar predilecto para las mafias, porque el gran desarrollo urbanístico les brinda una buena oportunidad de invertir en negocios legales el dinero que obtienen con sus actividades delictivas, especialmente el tráfico de droga.
El boom inmobiliario oculta además numerosas irregularidades urbanísticas como las que están emergiendo en Marbella. Los 15 años de gobiernos del GIL han dejado una herencia judicial de 389 recursos contencioso-administrativos contra licencias municipales y centenares de denuncia que han dado origen a la apertura de medio centenar de sumarios por delito urbanístico.
El 'boom' inmobiliario en la Costa del Sol oculta irregularidades urbanísticas
La respuesta judicial ha sido lenta y poco eficaz. Y para corregirlo, una docena de jueces de la provincia (tres adscritos a la Audiencia Provincial, otros tantos a los juzgados de Málaga y de Marbella, dos de Fuengirola y uno de Torremolinos) reciben cursos especializados en asuntos urbanísticos y económicos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Arroyo Fiestas, explicó que este tipo de delitos, tan al uso en la zona, "requieren un grado de especialización muy alta, porque supera las circunstancias normales, con connotaciones a veces internacionales, y que exige una respuesta acorde".
Tanto la Operación Ballena Blanca como la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella, ambas instruidas por el mismo juez, Miguel Ángel Torres, evidencian esas dificultades, porque se requiere investigar a sofisticadas redes de sociedades interpuestas creadas para ocultar el patrimonio y las actividades de los presuntos delincuentes.
Los cursos de especialización tienen por objeto, según Arroyo Fiestas, que las instancias judiciales "no nos quedemos ni atrás ni a un lado de este tipo de circunstancias". Estos jueces que está formando el Consejo General del Poder Judicial actuarán como "asesores" del resto de jueces de la provincia, según Arroyo Fiestas, que apostó por que "no pasará mucho tiempo" hasta que el CGPJ se plantee la necesidad de crear juzgados especializados en este tipo de delitos en algunas provincias. Según Arroyo Fiestas, el número de causas aún no justifica la apertura de esos juzgados.
Dicho eso, el presidente de la Audiencia de Málaga reconoció que esta instancia carece de efectivos suficientes para enjuiciar los casos Ballena Blanca y Malaya, cuestión que ya ha trasladado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo. "Los juicios de estos casos tardarían seis meses y supondría para esta Audiencia un esfuerzo impresionante, y no podríamos permitirnos paralizar una sección entera sólo con un asunto", por lo que cree que será necesario crear una sección especial. Con todo, advirtió de que el caso Ballena Blanca posiblemente se juzgue en la Audiencia Nacional.
Respuesta "algo lenta pero efectiva"
El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, reconoció ayer que la respuesta de los órganos judiciales a las irregularidades urbanísticas en Marbella ha sido "algo lenta, pero efectiva". Admitió que "en cierto momento hubo una paralización", que atribuyó a la "confusión" que existía en las propias instancias judiciales sobre cuál era el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aplicable en Marbella.
El plan vigente en Marbella es el de 1986. Jesús Gil comenzó a elaborar un nuevo plan, y de acuerdo con éste comenzó a dar licencias de obras que no tenían cabida en el vigente. Pero la Junta de Andalucía, entidad que tiene la potestad de la aprobación definitiva de los planes, rechazó en 1998 el proyecto gilista y encomendó que hiciera una serie de correcciones que nunca hizo, hasta que en julio de 2003 se archivó definitivamente al expediente y se instó al consistorio a iniciar de nuevo la elaboración del PGOU. "Los jueces pensaron que si había un plan en elaboración era el que tenía que prosperar", reconoció Arroyo Fiestas.
De hecho, desde que en 1995 la Junta presentó la primera impugnación de una licencia de obras por vulnerar el PGOU, la Sala de lo Contencioso Administrativo no ordenó ninguna suspensión cautelar de las obras. El problema añadido es que para la sala el plan en vigor en Marbella era el de 1968, porque el de 1986 nunca se publicó hasta que la Junta de Andalucía lo hizo en 2000 para aclarar la situación.
"Ha habido un periodo de duda y de impás porque no se sabía cuales eras las normas aplicables", insistió ayer Arroyo Fiestas.
Hasta marzo de 2003, la sala no admitió la validez del PGOU de 1986 y dictó un primer auto de suspensión de obras. Hasta el momento lleva ya dictadas 91 órdenes similares.
Los conflictos contenciosos han provocado además un retraso en la instrucción de las causas penales por delito urbanístico. Sólo se han juzgado tres, fueron todas en 2005, por licencias concedidas en los años 1997 y 1998. El presidente de la Audiencia de Málaga también reconoció que han faltado medios en Marbella para instruir las causas.
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